Mercado Argentino

DEDICO ESTA NOTA A MIS AMIGOS, A LOS QUE PRETENDO APORTAR ELEMENTOS PARA EL ANALISIS DEL LLAMADO MILAGRO SOJERO. SE TRATA DE UN PAQUETE TECNOLOGICO QUE EXPLOTA A LA TIERRA CON CRITERIO DE MINERIA. LOS COSTOS SOCIALES SON CUIDADOSAMENTE OCULTADOS POR EL COMPLEJO AGRO-INDUSTRIAL-EXPORTADOR.
NO SERA PUBLICADA EN NINGUN MEDIO.
CORDIALMENTE, RAUL CUELLO

El paquete tecnológico sojero-

Durante el año 2008 las retenciones a las exportaciones representaron el 16,4% del total de los ingresos tributarios, fueron superiores en 184% a la recaudación de débitos bancarios, al 372% de combustibles, al 640% de impuestos internos, representó el 69% del Impuesto a las ganancias y el 45% del IVA. Como se aprecia, se trata de un recurso no coparticipable, del que va a resultar difícil prescindir fuera del marco de una profunda reforma del Régimen Rentístico Argentino.
De ese total, el aporte más importante se obtiene de las exportaciones de soja, que para esta campaña totalizarían el equivalente a no menos de u$s 6500 millones a las cotizaciones actuales y tipo de cambio vigente, para las arcas fiscales. Sería el fruto de una cosecha de 50.000.000 de toneladas que representaría el 50% de la producción total de los principales cultivos argentinos.
Naturalmente hay quienes consideran a este cultivo como verdaderamente relevante, un indudable aporte para la economía argentina y lo exponen como un adelanto tecnológico sin revelar al mismo tiempo, que esas ventajas tiene un alto costo social por las des economías externas que genera. Esta nota tiene como propósito señalar, precisamente cuáles son esos costos y alertar a los estudiosos respecto de las consecuencias a mediano y largo plazo del modelo de explotación agrícola instalado.
LA NUEVA TECNOLOGIA
En la actualidad son más de 20 millones de hectáreas las que se dedican en nuestro país a la producción de cultivos modificados genéticamente, los cuales conllevan la adopción de “un paquete tecnológico” basado en una alta carga de fertilizantes e insumos químicos con fuerte impacto en la flora microbiana y la diversidad biológica. Se trata de un proceso que se inició en la década de los años setenta primero con la certificación de semillas, al cual siguieron los agroquímicos y más tarde la introducción de maquinarias de alta capacidad de empuje, arrastre y automotrices, lo cual permitió un aumento en los niveles de productividad y concluye con la adopción de las semillas transgénicas.
La nueva técnica implicó la adopción de economías de escala dado el costo de los equipos a ser utilizados con el sistema de “siembra directa” , lo cual produjo la desaparición de más de 150.000 productores medianos y pequeños que no pudieron adaptarse a una situación que además los enfrentaba a la desventaja financiera de no poder hacer frente a los elevados precios de los insumos sin contar con créditos y además enfrentando la incertidumbre de los precios internacionales, todo lo cual podían hacer y con ventaja los “pools de siembras”, los grandes emprendedores con tradición de acopiadores y las multinacionales propietarias de silos, elevadores portuarios y plantas de moliendas para la obtención de aceites y pellets.
La mayoría de esos miles de productores, emigraron con sus familias a las ciudades, de modo que pueden estimarse en no menos de 400.000 personas las que perdieron su arraigo a la tierra y debieron emigrar a un hábitat desconocido. Pero eso no fue todo, porque a ellos se agregaron otros desplazados, como se verá.
Habida cuenta que los “nuevos productores”, tienen un perfil más cercano “al emprendedor schumpeteriano” que el tradicional hombre de campo, su objetivo es la rentabilidad y encaran la explotación de la tierra con el criterio de propio de la minería. Se trata ahora del uso de la tierra explotada sin agricultores y donde no hay prácticas conservacionistas de los suelos. El recurso se trata irracionalmente. Es que esta nueva forma de cultivar el suelo argentino, viene de la mano de grandes capitales que concentran la mayor cantidad de hectáreas en pocas manos. Y no necesariamente adquiriéndolas, sino arrendándolas lo cual empeora el cuadro de situación.
Pero la organización no se concreta a la explotación de la tierra, sino que se integra verticalmente a partir de la venta de las semillas, la provisión de los insumos y la compra de la producción para lo cual cuentan con silos, plantas procesadoras de los granos, elevadores y puertos, todo apoyado en enorme poder financiero. A diferencia de antaño en que la oferta de la producción estaba atomizada y la demanda concentrada en pocas firmas, ahora la tendencia es a la concentración de ambas. No podría ser de otra manera, ya que “el nuevo paquete” implica fuertes inversiones, particularmente en las maquinarias.
Las características de esta nueva forma de producir, son el aumento de superficie de la “unidad económica” por falta de economías de escala a medida que transcurren las campañas y la “externalización de las decisiones” ya que los productores propietarios, están forzados a comprar semillas e insumos en las variedades, calidades y precios que fijan las multinacionales y los grandes operadores locales del complejo agroindustrial. Esta modalidad operativa concluye con la caída de la rentabilidad y el endeudamiento y la pérdida de las mejoras consideradas inútiles por los arrendadores (alambrados, aguadas, corrales, mangas, montes, etc.) y a mediano plazo el agotamiento del suelo. Es que el productor termina por arrendar su campo, con precio fijado en dólares y pago por anticipado, lo cual es otro elemento que fuerza la concentración.
El resultado final es un proceso de concentración de tierras en grandes firmas, en detrimento del tejido social y la pérdida de valores culturales. El beneficio es obvio, grandes cosechas, fuertes aportes de divisas e ingresos para el Tesoro por vía impositiva. Se trata ahora de establecer los costos.
LOS COSTOS SOCIALES DEL PAQUETE TECNOLOGICO
a) Contaminación
La incorporación de las semillas transgénicas mediante la técnica conocida como “siembra directa”, tiene como efecto la disminución de tareas de laboreo del suelo que se efectúan con los métodos tradicionales de arada, rastra y siembra para eliminar por métodos las malezas conservando la flora microbiana de la tierra y el equilibrio del ecosistema. Ahora, este proceso es reemplazado por el control químico basado en la aplicación de un herbicida llamado “glifosato” que según la evolución del clima y respuesta de la semilla, debe aplicarse más de una vez en el mismo ciclo del cultivo.
La toxicidad del glifosato no se circunscribe al daño que produce a la biodiversidad de malezas, sino que está vinculado a problemas a la salud de las personas en contacto con el mismo, sino también a los cultivos aledaños. Este efecto se potencia con las aplicaciones aéreas al dispersarse en el aire produciendo verdaderas “deseconomías externas” hasta llegar a la muerte de quienes se encontraban en las cercanías de la aplicación.
Los efectos sobre las personas intoxicadas por el glifosato son: hinchazón de los pulmones, dolores gastrointestinales, neumonía, vómitos, anemia, enfermedades de piel y como efecto crónico, se anunciaron evidencias en torno a daños pulmonares, problemas de fertilidad y anomalías cromosónicas .
El glifosato es el ´mas poderoso herbicida destructor del hábitat de la flora del suelo haciendo que desaparezcan especies como lombrices, bacterias y hongos que son agentes reconstituyentes de las nutrientes del suelo. Como estas se van perdiendo con el transcurso del tiempo, se requieren dosis cada vez mayores de fertilizantes y agroquímicos químicos para obtener el crecimiento de las especies agrícolas. Es destacable el efecto residual de algunos de los elementos utilizados en la fabricación del glifosato, cuyo mayor exponente es un surfactante conocido como POEA, seguido por la isopropilamina, destructores de la membrana mucosa y de las vías respiratorias superiores.
Monsanto, una de las principales firmas productoras del glifosato, ha debido enfrentar acciones judiciales en Estados Unidos, debido a la propaganda engañosa del producto a la que expone como “biodegradable” e “inocuo para el medio ambiente”.

b) Impacto sobre el empleo
Pueden mencionarse cuatro: El primero que disminuye la demanda de mano de obra al reducirse el laboreo de la tierra ya que se produce un verdadero cambio en la función producción. El segundo, por el abandono de la explotación por parte del propietario, el que se convierte en rentista. El tercero, producido como consecuencia de las diferencias relativas de rentabilidad, que hace que se reconviertan a la agricultura, tambos y establecimientos ganaderos, los cuales son demandantes de mano de obra calificada. El cuarto, todos los contratistas rurales especialistas en alambrados, molinos, mangas, corrales, mecánicos y los profesionales y paratécnicos cuyas funciones están ligadas al desenvolvimiento de la actividad agro-ganadera.
A los mencionados deben agregarse las actividades profesionales y comerciales de los pueblos del interior de nuestro país, que van despoblándose por falta de la actividad que les daba sustento. En búsqueda de oportunidades, hay en la actualidad una emigración hacia las grandes ciudades, con pérdidas de autoestima en cada caso por descenso en el estrato ocupado antes en la distribución del ingreso.
c) Impacto Económico
La posición dominante de las empresas multinacionales proveedoras de semillas transgénicas y productos químicos, les permite captar una parte importante del negocio por medio de sus pretensiones a cobrar regalías y manejar los precios de la cadena de insumos. Hasta el año 2004 y como método de inducir el uso de la semilla se abstuvo de cobrar regalías. Lo mismo ocurrió con el glifosato al que aumentaron de precio en un 55% en la campaña 2004/05. Es decir que una vez que tienen cautivos a los productores, les manejan la ecuación de costos. Las cosas llegan hasta el punto que los productores no pueden sembrar semillas convencionales porque no las hay y tampoco las de su propia producción libremente, porque Monsanto requiere se le paguen regalías, como ya aceptaron países como Estados Unidos, Brasil y Paraguay. Las presiones que se ejercen han llegado entre nosotros a embargar buques conteniendo cargamentos de soja en puertos de destino.
Como argumento de consolidación en el mercado, las empresas vienen prometiendo desde hace quince años, la reducción en la demanda de los agroquímicos con el consiguiente impacto favorable sobre los costos y el beneficio para la salud de las personas. Pero todo sigue igual, excepto que de 60 formulaciones químicas en la pre emergencia y en la post emergencia, se pasó a solo dos: el 2 4D o el paraquat y el glifosato, sin que desaparecieran ninguno de los efectos apuntados.
ACOTACIONES FINALES
Los avances tecnológicos son los que subyacen los procesos de desarrollo económico, siempre que contribuyan a la expansión del empleo, de los ingresos, en el contexto de sociedades que mantienen sus equilibrios básicos: el político, el social y el cultural. Se debe progresar consolidando la identidad nacional.
A poco que se haya analizado, el avance de la soja en la economía argentina constituye un retraso en varios aspectos. La aceptación con muy pocos, si algún, nivel de crítica implica que estamos dispuestos a sacrificar en aras de la rentabilidad empresaria de pocos, la estabilidad económica futura sujeta al monocultivo, al costo de irreversibles daños en el ecosistema. Las decisiones en el agro argentino están fuertemente concentradas y externalizadas, en desmedro del tejido social que hace a nuestras tradiciones. Y esto no es poesía. El afán de lucro al servicio de intereses absolutamente comerciales para quienes la tierra es una “suerte de mina de características especiales” impide que se vean los daños al suelo, el proceso de deforestación, la contaminación de las aguas, la desaparición de especies silvestres. En definitiva a una tierra que se considera solo un bien de uso, que no se conoce y por la que no se tiene ningún sentimiento vinculante a ella.
El componente social está ausente en esa estrategia empresaria debido a la inacción de los sectores nacionales y del gobierno para quien “la soja” es una tabla de salvación en la coyuntura. Producimos ya no alimentos para el mundo sino un producto para alimentar ganado y aves de corral en países superpoblados.
Ya cerca del final no puede dejar de mencionarse que el 35% de retenciones a la soja debe constituir un brillante negocio para quienes disponen de la infraestructura exportadora, ya que la subdeclaración de calidades, cantidades o precios en el momento de los embarques producen una muy marcada ventaja competitiva. Que esto no es un ejercicio de imaginación lo ofrece la negociación de granos sin tener el respaldo de la documentación correspondiente para el trasporte interno.
Es pertinente terminar esta nota con una anécdota que me refiriera el Dr. Arturo Frondizi en ocasión de un viaje que hiciera a Francia. Como es de práctica, Frondizi reclamó al General De Gaulle el levantamiento de las barreras que se alzaban sobre los productos del agro argentino. El Presidente francés lo escuchó con atención y le contestó en mas o menos estos términos: “Vd tiene razón desde el punto de vista de la eficiencia, pero debe comprender que no puedo acceder a sus deseos porque el agro francés representa el tejido social de Francia y eso lo debemos preservar a toda costa.”
Argentina demuestra que carece de gobernantes de aquella estatura y que la caja es un valor que se antepone a lo más importante que debemos preservar: la cuna de nuestra cultura” Cuando las reglas de juego cambien, las multinacionales y los entrepreneurs ya citados, se dedicaran a otra cosa y dejarán tras de sus pasos al desierto. Será entonces una pesada herencia.

Por Rafael Micheletti
Creo que la variable que más ayuda a la igualdad de oportunidades de progreso en una sociedad es la desconcentración del poder de decisión. Por eso la importancia del Estado de Derecho democrático, que al establecer reglas de juego por encima del interés y la voluntad de la minoría gobernante traslada el poder de decisión del gobernante al ciudadano, y por eso también la importancia del fomento de la competencia, que traslada el poder de decisión del empresario al consumidor.
Una vez aclarado lo anterior, es muy fácil darse cuenta de la importancia que para un país posee el diseño y el funcionamiento de su sistema impositivo. La cantidad, el grado de regresividad, la distorsión y la simpleza de los impuestos que un Estado les cobra a sus ciudadanos, determinarán en gran medida la distribución del poder de decisión entre los mismos y, por lo tanto, su desenvolvimiento económico y social.
Si hay impuestos más regresivos y complejos que otros, podemos afirmar que cuantos menos impuestos haya, al margen del valor de los mismos, es decir, sin tener en cuenta cuánto dinero deberán pagar en total los ciudadanos por cada uno de ellos, más fácil será su cálculo y menos tiempo y recursos deberán invertirse en ello. A su vez, más fácil será para el ciudadano tener una noción acerca de cuánto dinero le quita cada gobierno y para qué, y se reducirían los efectos distorsivos de los impuestos ya que permanecerían unos pocos, pudiendo elegirse para ello a los más justos y socialmente más deseables.
No sería algo fácil de lograr, ya que se requerirían grandes consensos probablemente para alcanzar las mayorías necesarias, pero, una vez hecha una reforma como ésta, sería muy fácil llevarla a cabo. Primero, porque no implicaría un desfinanciamiento del Estado, sino una simplificación y reducción de las fuentes de sus recursos. Segundo, porque abriría las puertas a un auténtico federalismo, en el que se delimitarían adecuadamente qué impuestos deberían ser recaudados por las provincias y los municipios y cuál por la nación, lográndose de esta manera que no haya superposición o múltiple imposición.
Podría establecerse por ley nacional qué impuesto debe ser recaudado por los municipios, cuál debe ser recaudado por las provincias y cuál por la nación. Esto no iría en contra de nuestra Constitución, ya que, si se estableciera que el Estado federal debe recaudar el IVA, impuesto indirecto, y las provincias el impuesto a las ganancias, de carácter directo, no se violaría la letra de la Constitución Nacional ya que no se les estaría quitando a las provincias ninguna facultad reservada. De todas maneras, en caso de no ser suficiente este argumento, podría aplicarse por medio de una ley convenio a la cual podrían adherirse libremente las provincias, lo que casi seguramente harían ya que, al hacerlo, estarían quitándose de encima el complejo y distorsivo entramado de impuestos nacionales.
Por ejemplo, la ley de Sistema Impuesto Único por Nivel de Gobierno (SIUNG), podría establecer que los municipios sean los encargados de cobrar el impuesto fundiario urbano, es decir, al valor de la tierra libre de mejoras dentro de su jurisdicción, que las provincias cobren el impuesto fundiario rural o, en caso de no alcanzar, un impuesto a las ganancias y que la nación recaude el impuesto al valor agregado, dejando libre de gravamen a los artículos de primera necesidad y actividades consideradas socialmente deseables, como la caridad, la religión, etc.
Este es sólo un ejemplo, pues las posibles combinaciones de impuestos a recaudar por los distintos niveles de gobierno serían numerosas. Hago un especial hincapié en los impuestos (o mejor dicho cánones) fundiarios porque es una exacción que capta una renta artificial, que no es producto del trabajo humano y que se desprende de la escasez de ciertos bienes, como la tierra y los recursos naturales.
De esta manera, ninguno de estos impuestos sería distorsivo o lo serían en la menor medida de lo posible, al tiempo que los municipios y comunas podrían efectuar, dada la cercanía y el reducido tamaño de su jurisdicción, un control eficiente a los efectos de cobrar un impuesto a la tierra libre de mejoras que, no sólo les concedería recursos más que suficientes para atender los problemas de su gente, sino que, además, ayudaría a liberar el trabajo de los impuestos, captando el Estado una renta fundiaria que no es fruto del trabajo sino de la propiedad de la tierra, lo que reduciría el precio de los terrenos, facilitaría el acceso a la vivienda, fomentaría el uso productivo de nuestro territorio y desconcentraría aún más el poder de decisión y las riquezas entre todos los ciudadanos.
Cabe aclarar que la selección del IVA como impuesto único nacional se basa en tres consideraciones: 1) es el único impuesto que podría cobrarse a nivel nacional según la letra de nuestra Constitución; 2) puede no ser regresivo en absoluto si se aplica sólo al consumo suntuario; 3) en un marco de acentuación del federalismo el impuesto a nivel nacional sería el más leve y en este contexto el IVA implicaría mayor poder de decisión y capacidad de ahorro de la gente para salir de la pobreza, ya que podría elegir no realizar ningún consumo suntuario durante determinado tiempo y de esa manera no pagar ningún impuesto nacional, lo que ayudaría al progreso y equilibrio social de nuestra sociedad.
El federalismo, a su vez, se vería fortalecido, ya que los municipios podrían aumentar sus recursos y asumir funciones de gobierno de una manera más cercana al ciudadano y más transparente, lo que llevaría a que los reclamos por reducciones de impuestos se enfoquen sobre los niveles superiores de gobierno. Esto aseguraría también una acción rápida y eficiente del Estado en materia de ayuda social, desde que se tendría una mayor información y mejores incentivos para solucionar de manera definitiva problemas de esta naturaleza.
Por otra parte, este sistema permitiría un control adecuado de no confiscatoriedad de los impuestos por parte de nuestra Justicia. Hoy en día la Justicia alega que es confiscatorio un impuesto que grava más del 33% de una fuente de ingresos de un particular. Sin embargo, admite que la confiscatoriedad se da por cada impuesto, y no por sumatoria de todos los impuestos en relación al total de los ingresos de cada ciudadano. De esta manera, en la práctica, el control de no confiscatoriedad es nulo, ya que el Estado puede y se ve incentivado a multiplicar los impuestos para poder seguir recaudando cada vez más, lo cual no hace más que complejizar innecesariamente nuestro sistema impositivo.
Finalmente, el SIUNG podría incluir que cada nivel de gobierno, al momento de cobrarle a cada uno de sus ciudadanos el impuesto único, estuviera obligado a informarlo acerca de qué porción de ese impuesto estará destinada a cada gasto estatal. Es decir, en la boleta del impuesto, además de decir “Usted debe pagar $400”, diría “de estos $400, $100 (25%) se gastarán en educación, etc.”, con una dirección Web y teléfono gratuito para aquellos que deseen profundizar su conocimiento al respecto.
Esto último sería una manera, no sólo de darles más publicidad a los actos de gobierno, sino también de fomentar una cultura democrática participativa capaz de hacer que los ciudadanos se interesen en el presupuesto y puedan castigar y premiar con el voto a sus gobernantes con una mayor precisión y facilidad.

De esta manera, el sistema impositivo resultante sería libre, justo, simple y democrático. Libre, porque se liberaría en la medida de lo posible el trabajo de cargas y obstáculos fiscales, aumentando la igualdad y la capacidad de ahorro y progreso de la gente y al mismo tiempo favoreciendo el federalismo. Sería justo, ya que cada cual aportaría según el valor de sus propiedades y aquellos que estuvieran en una situación de mayor dificultad y necesidad podrían decidir no incurrir en ningún consumo suntuario, lo que los liberaría de todo impuesto nacional aumentando su capacidad de ahorro. Sería también simple, porque al existir un sólo impuesto por nivel de gobierno se reduciría el costo del cálculo empresarial, volviendo a nuestra economía más eficiente. Y finalmente sería democrático porque favorecería una mayor transparencia, conocimiento y capacidad de influencia de la gente sobre lo que los gobernantes hagan con su dinero.