OJEADA RETROSPECTIVA AL BICENTENARIO DE LA REVOLUCION DE MAYO
JUICIO DEL BICENTENARIO
Estimado amigo:
El contenido del documento que corre más abajo se desarrolla con un fin específico: plantear intelectualmente un problema del orden social argentino. Como exige todo planteamiento de problemas especificos, se lo hace en base a ciertos “presupuestos”, los que generalmente se dan por sabidos. No es este el caso.
Hay gran perturbación política y no poca desorientación para poner en claro problemas básicos. Por ello, en primera parte, expongo abiertamente los “presupuestos” e “hipótesis” en que mi documento se basa.
Lo inicio de este modo porque he recibido muy interesantes observaciones de los primeros lectores. Pero, lamentablemente, atraídos por cuestiones adjetivas no se han detenido en lo único que me interesa: ver si existe algún problema a estructural básico en la sociedad argentina. Uno, que siendo la causa de múltiples nuevos problemas generados por el devenir , permanece oculto bajo la polvareda de disputas motivadas por los nuevos problemas que cada día nos trae.
Me importa mucho conocer vuestra opinión. Mas no sobre el documento como pieza literaria y hechos circunstanciales que todo discurso inevitablemente arrastra, sino sobre el “núcleo grueso” que el documento expone como problema de orden económico/ jurídico al que los argentinos debemos solucionar so pena de muchos padecimientos en incierto porvenir.
Por eso en forma clara comienzo por exponer tres “presupuestos” y dos “hipótesis”.
Se es por completo libre para aceptar o no , total o parcialmente, esos presupuestos e hipótesis . Pero no discutirlos. Al menos en este caso. Sería, sin duda, una discusión muy interesante; pero no es parte integrante del problema que pretendo se discuta.
Una aclaración final: no es menester ser economista , jurista o experto en ciencias sociales para abordar el problema que se plantea. Lo que se requiere es mente sin prejuicios, corazón sensible y buena voluntad.
Con vivo interés aguardo vuestros comentarios sobre la tesis sostenida. Te saluda muy cordialmente
Hector Sandler
I. PRESUPUESTOS DEL PLANTEO DEL PROBLEMA
Postulado metafísico:
Cada ser humano llega a la vida dotado de libertad para realizarse como una personalidad única mediante su actividad y participación en las diversas esferas de la existencia.
Postulado ontológico:
El hombre es necesariamente un ser social, por lo que el tipo de orden social en que vive condiciona su posibilidad para realizarse como ser libre.
Corolario empírico: El tipo de orden jurídico establecido para acceder a la tierra (Naturaleza ) condiciona el tipo de orden social en su doble dimensión: la esfera privada y la pública.
II. HIPOTESIS
HIPOTESIS GENERAL ( PARA EL ORDEN SOCIAL MODERNO )
El orden social humano moderno ha de constituirse satisfaciendo simultáneamente tres exigencias que se hallan en recíproca tensión entre sí: libertad de todos; igualdad de trato para todos y fraternidad entre todos.
HIPOTESIS ESPECIAL (PARA LA ARGENTINA MODERNA)
La Constitución Nacional 1853/60 contiene todos los principios de orden de vida individual y social derivados del postulado metafísico; del postulado ontológico y del corolario empírico.
III. TESIS DEL DOCUMENTO
1) Un complejo sistema legal deriva de la conjunción de las normas contenidas en: a) el sistema de derechos establecidos por el Código Civil para facilitar a los individuos el acceso a la tierra y
b) el régimen de impuestos nacionales desarrollado a partir del año 1932.
2) Esas dos secciones del ordenamiento positivo configuran un sistema jurídico antiguo. Imposibilita concretar el orden social prometido en ideales, derechos y garantías declarados en la Constitución Nacional
3) A la luz de la experiencia histórica y el estado del conocimiento, para tornar moderno a ese sistema , es necesario sustituir al régimen de impuestos nacionales vigentes por otro compatible con el Código Civil y los propósitos, derechos y garantías de la Constitución originaria.
4) Lo propuesto no es una panacea. Pero sin esta reforma ningún remedio será eficaz para forjar una mejor sociedad argentina.
IV. DOCUMENTO “JUICIO DEL BICENTENARIO”
1. Introducción
La Constitución de 1853/60 fue el “plano” diseñado para “constituir” una extraordinaria sociedad de hombres libres, tratados en pie de igualdad para que en cooperación fraterna se asocien en la tarea de desarrollar cada uno su propia individualidad. No le falta ni le sobra una coma a la vista del conjunto de principios fundamentales contenidos en su Preámbulo y en la parte primera sobre Derechos y Garantías. El resto de su texto es para la organización del Estado al servicio de ese tipo de sociedad.
Estamos en vísperas del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Observando los hechos que acontecen hoy en nuestra sociedad, no puede decirse que ésta ofrezca la imagen de la sociedad moderna tal cual fue planeada por aquella Constitución. No siempre fue así. Por el contrario, con todos los defectos que se puedan y quieran señalar, durante las primeras décadas que siguieron a la vigencia de la Constitución 1853/60, la Argentina ofrece al observador imparcial un progresivo avance en la concreción real de la sociedad ideal por ella diseñada.
Es a partir del primer tercio del Siglo XX (para algunos justo a partir del primer Centenario) cuando se observa un fuerte quiebre en esa dirección y aire de marcha. El fulgor emocionante de lo estrictamente político ha llevado a pensar que esa desviación se ha debido a algunos fuertes sucesos políticos ocurrido en los comienzos del siglo pasado. No es pacífica la opinión sobre cuál de esos acontecimientos ha sido el más decisivo para frenar o cambiar el rutilante progreso que nos distinguía en el mundo.
Sin restar importancia a esos estrictamente políticos, pensamos que su natural resplandor y la inevitable emoción que causan, no dejan ver la existencia de causas más opacas, pero mucho más responsables del deterioro argentino. Causas sistémicas que incluso habrían provocado los acontecimientos políticos a los cuales, a primera vista, se les atribuye la principal responsabilidad de nuestro deterioro.
Este documento es un esfuerzo para poner a la luz lo que suele permanecer oculto. Dado este objeto, es posible que el examen que se realiza parezca sesgado. Es inevitable, porque no se trata tan solo de poner en evidencia una verdad oculta, sino de descalificar o relativizar como verdad a muchas de las explicaciones dadas sobre nuestros fracasos. El fin práctico de este documento es movilizar a la conciencia y la voluntad política de los argentinos en una dirección distinta de la habitual. En tales casos no basta con exponer la verdad oculta. Junto con su exposición, hay que eliminar prejuicios de vieja data encarnados en la opinión de la gente y sus dirigentes.
2. TRES PRINCIPIOS SOCIALES DE LA REVOLUCION DE MAYO.
En una sociedad ocurre una revolución cuando en tiempo breve nace un impulso eficaz por ordenarla según principios de orden opuestos a los hasta ese momento vigentes. Si un mero cambio de gobierno fuera una revolución, la nuestra hubiese comenzado, por ejemplo, con las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Sin perjuicio del efecto de estas invasiones, la Revolución de Mayo solo comienza cuando del entramado de conductas empezado en 1810 fueron emergiendo nuevos y distintos principios rectores del orden social. Con distinta intensidad y secuencia éstos obraron en las cuatro esferas de vida en que el orden social humano: el cultural, el político, el jurídico y el económico.
En este documento nos interesa iluminar tres principios fundantes de las estructuras del orden social en ciernes. Ellos bastan para calificar a los hechos de Mayo como una auténtica revolución social. Ellos derivan de un rasgo propio de la modernidad: tener en alta estima social a la libertad individual sin perder de vista al orden social como contexto imprescindible.
Primer principio: libertad de trabajo y propiedad sobre el fruto del trabajo
El primer principio de orden social fue legalmente afirmado en la Asamblea del Año XIII. Se lo conoce como “libertad de vientres”. El nombre no revela su magnitud. Lo que se resolvió, en prudentes pasos, fue poner fin a la esclavitud. Terminar con la esclavitud en tan temprana época debe ser el mayor motivo de orgullo de los argentinos.
Desde el punto de vista económico, acabar con la esclavitud no significa solo “libertad de trabajo”.en el sentido vulgar de “hacer cada uno lo que le plazca”. Engloba algo mucho más importante: ser dueño de aplicar libremente su trabajo y ser dueño exclusivo del producto del propio trabajo. Visto desde el otro lado, esta libertad de Mayo entraña la prohibición de usar la fuerza o artimañas para apropiarse del trabajo ajeno y sus frutos. Observada esta decisión a la distancia, mirada desde el estado actual de nuestra sociedad, no puede uno dejar de sentir emoción por los nobles y fecundos ideales que inspiraban a los patriotas de Mayo. Este ideal otorga dignidad moral y espiritual a la asociación humana.
Debemos formularnos esta pregunta: si este ideal es reconocido por todos, ¿por qué es hoy tan difícil concretarlo? Este interrogante ha dado lugar a muchas respuestas. Respetando todas ellas, preferimos la que sigue a continuación. No porque sea la única, sino porque ésta es la raíz de un orden social que sirva a la perfección del hombre como individuo. El grado de existencia de la “libertad de trabajo” así entendida, condiciona el ejercicio de la libertad en todas las facetas del orden social.
Segundo principio: Tierra barata para quien la necesita
Un segundo principio – raigal para una sociedad humana moderna – fue tratado y desarrollado por Revolución de Mayo. Fue desarrollado en sucesivos pasos. Se comenzó por decretar a la tierra como recurso de propiedad de la sociedad argentina como una totalidad. El bien público por excelencia. SE continuó decretando disposiciones administrativas para preservar el dominio público sobre la tierra patria., El problema fue éste: ¿cómo lograr que los habitantes accedieran a ella libremente, en igualdad de derecho y obligaciones , para actuar de manera no conflictiva y por el contrario alentando la cooperación económica?
Formular respuesta legal demandó más de una década. La dio el primer Congreso argentino celebrado en 1826, dictando una ley notable, mal comprendida primero y peor tratada después: La Ley de Enfiteusis.
Esta ley mantuvo para la sociedad la titularidad del dominio sobre la superficie terrestre de la nueva nación. Estableció, a la vez, el derecho de un fácil de acceso al suelo a favor de todos los habitantes, presentes y futuros, con el único cargo de pagar un canon. Se pretendió mediante un derecho por completo nuevo resolver la vital necesidad de todos y cada uno de los habitantes de acceder a la tierra para producir mediante el trabajo y la inversión de capital y al mismo tiempo la necesidad no menos vital de la sociedad de contar con un fondo creciente destinado formar el “tesoro público”. (Para evitar frecuentes equívocos conviene subrayar la novedad de esta institución argentina llamada por un antiguo nombre,la “enfiteusis romana”. Ésta nada tiene que ver con la homónima argentina. En el derecho antiguo la enfiteusis era a favor del propietario privado y no de la sociedad).
Tercer principio: el gasto público debe ser pagado con la renta del suelo
Al derecho de todos y cada uno, la ley de enfiteusis estableció la correlativa obligación de pagar un canon de monto proporcional al valor del terreno. El acreedor de este canon era el primario titular del dominio: la sociedad. Dejando de lado errores en su organización (lógicos por ser nuevo invento legal/económico), cualitativamente esta obligación proter rem (por causa de poseer la cosa) fue la más revolucionaria de las instituciones sociales al servicio de la libertad individual. Ponía a cargo del poseedor la carga de trabajar (anulando así el egoísmo histórico de especular con la tierra) a la vez que acertaba con una fuente de ingresos para el Estado distinto al tradicional y vejatorio “impuesto”. Se aseguraba al gobierno los recursos necesarios para pagar el gasto público. Un mecanismo favorable a la paz social y a la solvencia necesaria para que el Estado pudiera ofrecer “bienes públicos” sin dañar a la propiedad privada fruto del trabajo. Era obvio que a mayor población, mayor valor de la tierra, mayor ingreso público sin daño a las libertades civiles y económicas. ¿Qué mejor idea para poblar el desierto argentino?
El trinomio legal de la Revolución de Mayo
Los tres principios expuestos no deben ser tratados, como ocurre con frecuencia, como logros independientes. Forman un trinomio legal indivisible pues cada uno de los términos da sentido a los otros dos. Tal cual como ocurre en un triángulo. Este trinomio es la base legal/económica para una sociedad de hombres libres, en igualdad de trato y cooperación fraternal. La libertad de trabajo y la propiedad del fruto de ese trabajo es la condición material básica para la efectiva existencia de las demás libertades.
Estas libertades no pueden lograrse en plenitud sin leyes jurídicas que a pesar de la limitación del recurso material que nos brinda la “naturaleza” (llamado “ tierra” ) configuren un escenario equivalente a la efectiva “tierra libre”..Una sociedad saludable es la que vive y trabaja como si existiera, gracias al derecho, una permanente “frontera abierta”. Esta condición es esencial para que cada nueva oleada de inmigrantes y cada generación que llega a edad adulta, sea tan libre como las precedentes.
Asombra hoy la visión de los hombres de Mayo. Fueron capaces de captar de un vistazo el problema social fundamental e intentar solucionarlo mediante el derecho positivo. Bosquejaron el recto camino para solucionar la inevitable tensión entre “individuos libres” y la “sociedad protectora”. Toda innovación importa inevitables imperfecciones, sobre todo si el invento es de la magnitud del intentado en Mayo. Frente a las críticas que con ligereza se le han hecho, conviene recordar lo dicho por el uruguayo Manuel Herrera y Reissig en el Primer Centenario. Saludó a nuestro país por haber sido el primero en la historia del mundo en haber intentado tal acertada legislación. De su fracaso deben dar cuenta sus argentinos posteriores, no los patriotas de Mayo.
3. TENSIONES PARA CREAR UNA SOCIEDAD ABIERTA EN LA ANTIGUA.
Esta revolución fue hecha para “constituir” una Argentina moderna Pero debía hacerlo en y sobre una “sociedad antigua” con casi tres siglos de existencia. Esta última estaba constituida cimentada en antiguos principios. El impulso revolucionario de Mayo vino a enfrentarlos y, naturalmente, sufrió las resistencias de esta “sociedad antigua”. Así se explica que dos décadas después de Mayo un gobierno reaccionario se dedicara a “restaurar las leyes”. ¿Cuáles habría de “restaurar” sino las antiguas?
La pulseada entre una naciente sociedad moderna y las naturales resistencias que la vieja oponía, fue cruenta. Insumió tres décadas. Sin embargo ha ser visto como un inevitable periodo de gestación. El necesario hasta el doloroso pero gozoso parto que se presentará ante el mundo una moderna y atractiva novedad. La semilla, el Programa de Mayo, floreció en los indelebles párrafos de la Constitución Nacional de 1853. Sin embargo el impulso vital renacido en la Constitución no significó ni podía significar la total desaparición de la sociedad antigua. Esta última tiene que ser vista como la materia en la que el impulso espiritual de Mayo pretende mediante, nuevas leyes jurídicas y efectivos actos, imprinir un orden social que refleje en los hechos los ideales principios de la Constitución (Arts.24 y 28).
No puede sorprender que muchos intereses de la sociedad antigua, encarnados en realidades desde mucho antes constituidas, derrotados en lo ideal, buscaran esquivar las transformadoras disposiciones de la Constitución. La Ley de Enfiteusis fue dictada con magníficos propósitos consistentes con el ideal de la Revolución; sin embargo habría de dar lugar a uno de los más escandalosos fraude legis en la historia. Conspicuos federales desde 1830 a 1852 y tras ellos no menos conspicuos unitarios – opuestos en todo – coincidieron en el egoísta interés material de apropiarse para sí del territorio argentino. Se valieron de esa ley para hacer lo contrario a su finalidad. Quisieron los patriotas de Mayo que fuera la llave para el acceso a la tierra por parte de los más simples trabajadores. Fue usada por unos pocos para acumular inmensas extensiones de tierra.
Llegados al gobierno los unitarios cometieron el mismo fraude legis antes de derogar en 1856 la ley de enfiteusis de la que se habían aprovechado los rosistas. La derogación de esta ley, derogada por “comunista”, (sic) demandaba dictar la legislación que asegurara las “propiedades adquiridas” y una adecuada vía para que los nativos sin tierra y futuros inmigrantes pudieran acceder a la ella conforme a la flamante Constitución. Se encargó de esta delicada tarea a uno de los más doctos juristas de la época: don Dalmacio Vélez Sarsfield. Éste , más atento a la realidad constituida que al ideal de la Carta Magna , dispuso lo conveniente para hacer compatibles los intereses de los pocos terratenientes establecidos (federales y unitarios) con las necesidades de la legión de hombres sin tierra. La institución legal construida por Vélez no sometida a discusión. El Código Civil fue aprobado por el Congreso de la Nación en una sesión y a libro cerrado. Hubo entre los terratenientes de todos los bandos un común denominador: establecer para sí el seguro dominio sobre la tierra. Estaban obligados por la Constitución a inspirarse en Dios “fuente de toda razón y justicia” , quien sobre este asunto se había pronunciado tajantemente ( Levítico 25:23) , cuyo mandato había sido reglamentado en Mayo para asegurar los tres principios sociales de la Revolución. Sin embargo, los intereses terrenales prevalecieron y se inspiraron, más bien, en un ramplón refrán: “quien llega primero a la fuente se bebe el agua”. Esta base legal habría de frustrar el destino de la Argentina moderna prometido por la Constitución. La institución legal romana, desconocida por el pueblo de Dios, se repetía en el solar más feraz de América. Con ella se reproduciría también la crónica guerra civil que llevo a la caída del poderoso imperio.
El Código Civil fue objeto de admiración general. No mereció igual aplauso por parte de Alberdi, padre de la Constitución , exiliado crónico y jurista de tal calidad que su natalicio fue elegido para fijar el Día del Abogado. Paradoja en la que no se repara lo suficiente , reveladora la profunda verdad una vez dicha: los juristas pueden hacer de la abogacía “la más noble de las profesiones si sirven a la justicia o el más vil de lo oficios si la escamotean”. Alberdi rechazó de plano al proyecto de Código Civil por considerar que no creaba instituciones para asegurar la democracia y la libertad individual. Denunció que el proyecto se copiaba el derecho de monarquías absolutas cuando no el de dictaduras o tiranías. No era un dato menor en boca del mayor constitucionalista fundador de la Asociación de Mayo. Cierto que maravilla que un solo hombre haya redactado tal monumento legal. Más la destreza técnica no deja ver que con lo establecido en relación al acceso y uso de la tierra, cometía un “contrabando” institucional. Se burlaba el bando de la Constitución que invitaba a todos los hombres del mundo a poblar el suelo argentino para vivir en libertad y del fruto de su trabajo (Preámbulo y arts. 14,16 y 17). Mediante unos pocos artículos el Código Civil introdujo en la liberal y moderna Constitución el derecho antiguo de Roma. Verdad es que no se lo hizo a escondidas; pues se declara abiertamente optar por el “derecho puro de los romanos” (nota al art.2003).
Este regreso al derecho antiguo era un cerrojo puesto a la libertad de trabajo en cuanto esta reclama un igual derecho de acceso a la tierra para todos (principio de igualdad económica) . Se creyó que este cerrop podía ser entre abierto mediante otra institución: el contrato locación en la ciudad y el de arrendamiento en la campaña (Párrafo 8, in fine de la nota al Titulo IV. De los derechos reales) Esperanza fallida. La necesidad de reiteradas reformas al contrato de locación urbano y al de arrendamiento rural , el creciente numero de personas obligadas a vivir en en lúgubres conventillos, pensiones, villas miseria, cuando no en las plazas públicas y umbrales, son la prueba pública de su mal cálculo para la ciudad. El permanente desierto que domina en el vasto territorio argentino, prueba que tampoco sirvió para poblar la campaña.
Según las cifras promedio que arrojan los censos nuestra densidad demográfica sería de unos 12 h/km2. Ocultan el desastre espacial/demográfico argentino. Basta con tomar otros datos para ver que el 85 % de la población argentina (más de 30 millones de personas) está asentada en ciudades cuya superficie sumada es menor a 50.000 km2, porción insignificante en comparación a los 2.800.000 km2 que tiene nuestro territorio continental. De este cálculo surgen otras densidades demográficas. La urbana sería de 600 h/km2, en tanto que en el resto del territorio ( 2.750.000 kim2) desciende a menos de 3 h/km2. No es posible ninguna sociedad moderna con tal densidad. La cosa es peor de lo que muestran estos cálculos. Hay hacinamiento urbano en medio de un territorio desértico. La llamada “Reina del Plata, tiene una densidad nocturna de unos 15.000 h/m2 , cifra que se elevaría a mas de 20.000 durante el día de trabajo. En consecuencia es “Reina” en mugriento palacio, como todas las demás ciudades argentinas. En los “cordones periféricos” e sus crecientes “islas” internas de personas aglomeradas, la densidad demográfica llega, en algunos casos, a la calamidad de unos 60.000 h/km2. Para explicación de este colosal desorden, rige este apotegma: la Argentina es un país que dispone de un inmenso territorio, geográficamente existente, legalmente adquirible, pero económicamente inalcanzable por quienes viven solo de su trabajo.
Con la adopción del derecho romano para acceder y usar de la tierra la cizaña quedó plantada. En todo lo demás el Código ayudó a poblar el país, si bien no del todo, sí eficazmente. El “retroceso” al “derecho antiguo” no se notó en un comienzo y pudo ser metabolizado sin grandes dolores, gracias a la vasta extensión del territorio, la escasa población (800 mil habitantes en 1860) y la voluntad de algunos terratenientes dirigida a poblar sus vastas posesiones. Un conjunto de circunstancias y el especial momento del mundo durante el Siglo XIX, facilitó el arribo de casi 4 millones de pobladores antes de 1900. Pero el sistema contenía una “bomba de tiempo”. Era menester desarmarla so pena que, tarde o temprano, estallaran conflictos en abierta guerra fraticida. Este había sido en Roma el efecto del “puro derecho romano”.¿Por qué habría de ser distinto en nuestro país?
En el Código Civil hay mucho de positivo. De modo claro establece – de modo consistente con la Constitución – un ordenamiento legal atractivo para trabajadores libres e inversores de capital. La dirección del proceso económico queda a cargo de los mercados. Para que este orden fuera benéfico para las libertades individuales, el enriquecimiento por el trabajo, la democracia como fuente de poder político , la república como división de los poderes del Estado y el federalismo , debía haberse integrado con un adecuado sistema de recursos. Adoptado en esta materia el principio de Mayo, el amenazante defecto que entrañaba la adopción del derecho romano de propiedad de la tierra podía ser convertido en virtud. Era necesario dictar un moderno sistema de recursos para los gobiernos, los provinciales y el nacional. Hubo muchas oportunidades para ello. Pero hasta antes del Bicentenario, todas han sido todas oportunidades perdidas. Repasarlas aclarará cuál es la fundamental política de Estado que los argentinos necesitan para que nuestra patria reingrese al camino del progreso y la prosperidad que una vez, guiada por la Constitución, iniciara.
4.OPORTUNIDADES PERDIDAS
Primera oportunidad: presidencia de Roque Sáenz Peña (1912-1914)
La insoslayable primera oportunidad para desmontar la bomba desintegradora de la civilidad argentina llegó cuando se resolvió adoptar el sistema democrático con la regla “un hombre, un voto”. Hablamos de la ley Sáenz Peña. Para darle pleno sentido y eficacia a este sistema electoral era necesario otra reforma legal. Así lo pensó e intentó el Presidente Saénz Peña. Con el proyecto electoral este gran hombre público preparó y envió al Congreso Nacional otro indispensable proyecto de ley. Organizar las bases para un sistema de recursos fiscales compatible con la prosperidad económica fundada en la iniciativa particular. Orden económico necesario para poder gozar de los beneficios de la democracia, la republica y el federalismo. Propuso establecer por ley el “impuesto a la tierra libre de mejoras”. Este proyecto institucionalizaba los principios sociales de Mayo y de la Constitución. Sáenz Peña sabia y lo sabía muy bien, que no hay efectivos ciudadanos si los hombres no son dueños del producto de su trabajo y no pueden serlo si no tienen fácil acceso a la tierra, rural y especialmente urbana.
Este impulso animaba por entonces a muchos argentinos e importantes líderes del mundo. El libro de Henry George “Progreso y Miseria”, de vasta difusión en las décadas anteriores a 1900, ayudo a institucionalizar el impulso mediante el adecuado derecho positivo . Reformas legales, con matices, tuvieron rápida concreción. En distinto grado, el sistema de George fue adoptado en los países sajones, nórdicos y germanos. Sus efectos se aprecian hoy en el notable y pacífico desarrollo de países como Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Dinamarca, e inclusive en varios Estados norteamericanos. Todos menos poderosos que la Argentina de hace cien años atrás.
Pero la mayoría de los legisladores argentinos de1914 parecen haber olvidado el consejo de Alberdi: “gobernar es poblar”. E ignoraban que es imposible poblar si no se facilita la tierra donde hacerlo. Alberdi asignaba mayor importancia al derecho al trabajo (cuestión económica) que al derecho al voto (cuestión política). En el Sistema Rentístico afirmó una verdad hoy vigente: participar en la vida política es una opción; participar en la vida económica es una necesidad. Ignorantes de esta verdad, los legisladores de entonces aceptaron la reforma electoral; pero se resistieron a tratar la reforma fiscal. La que hubiera sustentado la democracia y el federalismo. Al no hacerlo hicieron de la benéfica democracia un factor de desorden. No es lo mismo que en cada elección voten “ciudadanos” con autonomía económica que “clientes” dependientes del gobierno.
Con la prematura muerte del Presidente, el proyecto económico fue archivado. Con esta decisión caducó la oportunidad de facilitar a millones de trabajadores el fácil acceso a la tierra, vivir de su trabajo y poblar más racionalmente el país. La fractura del proyecto de Saénz Peña – un proyecto con dos patas – fue fatal para la república, el federalismo y la democracia. Por la ley electoral se le concedió ciudadana política a millones de habitantes; pero subsistiendo en pleno vigor el “derecho romano de propiedad sobre el suelo” , quedaron privados de cabal ciudadanía económica. Se reforzó una ya existente sorda guerra civil. La insensata separación entre “ciudadanía política” y “ciudadanía económica”, otorgando derecho al voto pero no a la tierra, dio paso, como en la antigua Roma, a una ruinosa transformación del orden social. En todas las esferas de vida.
Los “ciudadanos políticos”, sin base económica real, se fueron transformando en “clientes”, tal cual en Roma. Esta es la raíz del “clientelismo” que tanto mal nos hace y que sin éxito todos critican. No escasean los convencidos que para unir ambas ciudadanías – la política y la económica – basta con la “educación”. Al menos, dicen, con alguna buena “instrucción cívica”. No saben de que hablan. Reproducen para la vida pública el disparate que narra la fábula: el cometido por aquel que pretendió enseñar al burro a vivir sin comer.
Segunda oportunidad: Presidencia de Agustín P. Justo (1932-1938)
La segunda oportunidad perdida para ajustar el orden económico y hacerlo consistente con el orden democrático, republicano y federal, ocurrió en 1932, bajo la presidencia del c General Agustín P..Justo. El Congreso Nacional, por angustias fiscales, debía dictar una ley para generar nuevos recursos. Ante esta exigencia para afrontar el gasto público se debía optar entre recurrir a la antigualla de un nuevo “impuesto” o recaudar la renta de la tierra. Recaudar un tanto por ciento del valor venal de la tierra no es un impuesto, sino la necesaria restitución a la sociedad del mayor valor del suelo obra del trabajo social. Es un valor público que por efecto del sistema de propiedad privada sobre la tierra ingresa, primariamente, en el haber del propietario, sin ser efecto de su trabajo e inversión. Los que crean “impuestos” no se fijan en tales sutilezas. Declaran “contribuyente” a cualquier clase (grupo) de personas, a las que eligen según caprichosos criterios. Su fin es que los integrantes de alguna clase entreguen parte del fruto de su trabajo al gobierno. Al acto o cosa que elijan la denominan “hecho imponible” y puede ser tan diverso como la compra de un televisor o la emisión de un cheque. De estas ocurrencias nos surte la historia humana. Allí figuran extravagancias como el impuesto a las ventanas; a la cantidad de ruedas de un vehiculo y el timbrado de una hoja de papel. El gobierno exige dinero bajo coacción porque necesita de fondos. Eso es todo.
En el curso de milenios fue un avance pasar de esta exigencia bruta a otra más refinada. El impuesto debía ser aprobado por representantes de una “mayoría•” (“No taxation without representation”). Pero para la vida moderna, a la luz del despilfarro que en democracias se comete, esto es insuficiente. Una ley no es “legitima” por el hecho que la voten muchos; incluso todos. ¿O lo sería la ley de Lynch por contar con el voto de la mayoría?
Lo que caracteriza al “impuesto” es que el gobierno tiene que afrontar un gasto y usa la “fuerza pública” para quitarle dinero a los particulares. Los patriotas de Mayo, reflexionaron sobre los perjuicios de este sistema y los beneficios que acarrea a la libertad de los individuos y al orden social recaudar la renta del suelo. Los legisladores de 1932 no tuvieron ni en la cabeza ni el corazón el ideario de Mayo. Ante la alternativa de recaudar la renta del suelo o crear un general impuesto sobre el trabajo y sus frutos , se decidieron por esto último. Dictaron la “ley de impuesto a los réditos”. Plantaron la cepa de todos los impuestos que a la fecha castigan al trabajo, la inversión, la producción y el consumo. Optaron por el sistema vetusto. Esta opción exige contar con un vasto “aparato recaudador”. De hecho la organización más poderosa para acabar con todos los derechos y garantías que asegura la Constitución. Una antigualla acarrea la otra. Volvieron los “publicanos”! y en consecuencia el derecho de abstenerse a declarar contra sí mismo (art.18 CN) dejó de regir en materia de impuestos. Aquí impera ahora el sistema inquisitivo.
La “ley de impuesto a los réditos” y su multiplicada descendencia fue un feroz contragolpe de la antigua Argentina contra el ideario de Mayo y la Constitución de 1853. Llevó al régimen de la coparticipación que mina en su base material al federalismo, la democracia y la república, tal como explica Meier Zylberberg en Raíces totalitarias del fracaso argentino. De la emergencia de 1932 a la del 2006.
La bomba de tiempo había sido armada por el Código Civil. Con este nuevo sistema nacional de impuestos se la activó y fijó el tiempo en que habría de estallar. Por entonces no se lo supo; pero el día señalado resultó ser el 17 de octubre de 1945. Los “ciudadanos sin tierra”, hombres de trabajo, castigados a la vez por elevados alquileres y crecientes impuestos, reaccionaron dejando de creer en la “democracia representativa”. Pasaron en “masa” a desconfiar de los “libros” para, como tantas veces en la historia, poner sus esperanzas en un caudillo redentor. A veces , muy pocas, este recurso ha funcionado. Esta vez no, porque la gente, en amplia mayoría, se había apartado del ideario de Mayo. De manera consecuente la sociedad fue conformando otro tipo de “constitución real”. Muy semejante al que aquella revolución había intentado a superar.
Tercera oportunidad: Interregno 1943-1955
Una sociedad ya asfixiada por el alto costo del suelo y agobiada por crecientes impuestos, era permeable a los desvaríos ideológicos que agitaban las conciencias. Nazismo en Alemania, Fascismo en Italia, Falangismo en España y Comunismo de distinto jaez en muchas partes aparecían como focos orientadores para superar a la sociedad liberal forjada en el siglo XIX. Un dramático período de oscurantismo mundial aconteció entre la primera (1914-18) y la segunda guerra mundial (1939-45). En este convulsionado mundo la Argentina comenzó a dudar de los fundamentos de su orden social.
Desde 1914 los países habían comenzado a organizarse bajo el concepto de “nación en armas”, lo que exigió la dirección central de la economía por el Estado. Se retornó al proteccionismo, se auspició la autarquía y se aplaudió la planificación de la producción y el consumo, ensalzados como el mejor arte de gobernar. Al fin de la segunda guerra (1945) el clima, en lugar de despejarse, enrareció. Estalló la “guerra fría” entre los EEUU y la URRS, de incierto vencedor.
Esta oscura y caótica situación fue el contexto dentro del cual la Argentina buscaría establecer un orden económico que superara al minado por la apropiación particular de la renta del suelo y los impuestos al trabajo. El desorden provenía del sistema de acceso al suelo y el régimen de impuestos. Pero no se prestó atención a este asunto. Los trabajadores asalariados, amplios sectores de clase media e incluso el sector empresario no monopólico sufrían estrechez de ingresos. Suelo social propicio del que emergió una general demanda por una mayor “justicia social”.. Ya no se pensaba ni creía que la Constitución de 1853 había sido dictada precisamente para establecer (“mediante leyes que reglamenten sus principios”) un orden social justo en todas las dimensiones de la vida humana, social e individual. Los vientos ideológicos dominantes en el mundo sugerían soluciones directas. Una de ellas fue que los gobiernos inyectaran en relaciones sociales específicas, dosis de justicia social. En 1943, un gobierno producto de un rudimentario golpe militar, para salvar su debilidad, aplicó esta receta a una básica relación del orden social: la que media entre los “propietarios de los inmuebles” y sus “inquilinos”.
La angustia de inquilinos y arrendatarios demostraba que contra lo sostenido por Velez sarsfield , el contrato de locación (urbano y rural) no era un adecuado instrumento para que los “sin tierra” accedieran a ella. Al menos no lo era en el contexto del ordenamiento legal total. Esta ley del gobierno militar fue dictada para mitigar el efecto destructivo del sistema de apropiación de la renta del suelo por los propietarios agravado con el régimen de exacción impositiva establecido en 1932. Procuró aliviar la presión que castigaba a los trabajadores rebajando en un 10% los precios de locación urbana y rural pactados entre dueños e inquilinos. Congeló los precios resultantes y prolongó de jure los plazos de locación. No hace falta ser economista para ver que esas leyes mejoraron notablemente el ingreso de los inquilinos y arrendatarios, mayoría de la población. Ni es necesario ser sociólogo para sospechar que una nueva clase social se formaría y que ésta buscaría expresarse políticamente. Con dos decretos leyes, en terreno fértil por la injusticia social generada por el costo de la tierra y los impuestos, se sembró la semilla de una planta política de larga vida. Este retoño creció frondoso al amparo de decenas de miles de decretos leyes de contenido social, económico y financiero, enderezados todos a establecer un orden económico centralmente dirigido por el Estado. El orden económico argentino fue transformado de cabo a rabo.
El Estado (no la sociedad ni el individuo), pasó a ocupar el centro de la realidad política, económica, social y cultural. Las pruebas están a la vista. Basta con repasar los libros de enseñanza de la época, los planes quinquenales, la estatización de las empresas privadas monopólicas, la creación de otras a cargo de un Estado empresario , la nacionalización de la banca, la emisión de moneda papel sin respaldo, el sostén estatal de los sindicatos de trabajadores fueron, entre otras, algunas de las medidas que transformaron por completo el orden económico. . El Estado pasó a ser el sol de la realidad social; el gobierno central su profeta y los gobiernos provinciales apenas sus agentes. Fue inevitable la formación de una constelación de intereses deseosos de gozar de los beneficios del nutritivo calor solar, Tan inevitable como la lucha, silenciosa o abierta, entre todos ellos. De modo paradójico este tipo de orden trae un efecto con el que no se cuenta. “Los vistantes inesperados” de los que prevenía Fourastié. Cuando un gobierno central asume la ciclópea tarea de hacer todo y de todo para el “pueblo”, sienta al pueblo en las tribunas. Lo convierte en mero espectador. Puede silbar o aplaudir; pero no mucho más.
Desde 1943 a 1945 se dictaron miles de decretos leyes, aprobados en una sola sesión del Congreso Nacional en 1946. La Constitución argentina de 1853 perdió sentido. No calzaba ya con la “constitución real” conformada por una nueva legislación y sobre todo por un nuevo mundo institucional. Esta dicotomía entre la Constitución legal y la “realidad constituida” la puso fuera de efectivo servicio.
En 1949 había surgido la convicción y la necesidad de un “ajuste de cuentas” entre el hecho y el derecho constitucional. Se optó por el “hecho consumado” por el derecho inconstitucional dictado desde 1943 en adelante. No hubo “reforma constitucional” en sentido material. Ocurrió, más bien, el reemplazo liso y llano de la Constitución original por otra de muy distinto talante. Ésta era confesadamente ideológica. Merecía y con razón el nombre de Constitución “justicialista”. Su meta principal era la “justicia social”, no el buen orden social fundado en la libertad individual. Lo más notable, aunque no debidamente observado, es que ante esta nueva Constitución se podía repetir la frase de Tocqueville al juzgar a la Revolución Francesa: “todo fue cambiado, menos lo peor del antiguo régimen”. En efecto, en esta reforma constitucional mucho fue cambiado; pero no lo peor del sistema que desencadenó había originado la tormenta social. Esto es, el derecho de los propietarios a apropiarse de la renta del suelo y el régimen de recursos del Estado fundado en exacciones al trabajo y al fruto del trabajo. Ambas instituciones jurídicas permanecieron en vigencia.
Tinieblas en un clima enrarecido (1955 -1966)
Al fin de la década iniciada en 1943 las ilusiones primeras comenzaron a quebrase y otras a desplomarse. La paz política estaba en cuestión; la prosperidad económica sostenida supuestamente en un proceso autosustentable, comenzaba a estancarse. El Estado cada vez más enorme, era insaciable y no aparecian nuevas y legítimas fuentes financieras que lo surtieran. La inflación monetaria, maquillada con la reedicion de vetustas leyes contra el agio y la especulación y el control de precios (todo conocido en la antigua Roma) , presionaba en todas las relaciones sociales. De modo paradójico, se sostenía que el pueblo era ahora el ”dueño de su destino”, y sin embargo y a pesar de una acreditada mayoría electoral, el gobierno se sentía cada vez más obligado a ser autoritario. El panorama se tornó oscuro cuando comenzaron darse respuestas a ciegas ante crecientes problemas. Luego de diez años de gobierno en este nuevo orden era de esperar que había llegado la hora de recoger los frutos . En su lugar hubo necesidad de dictar leyes para asegurar la paz interior y otras para atender a una amenazadora “conmoción interna del Estado” (Plan CONINTES).
Abundaron los intentos de “golpes”. Pero la debilidad del nuevo orden sue tal que uno – en terminos militares – tan insignificante como el de 1955 desalojó al gobierno y asumió el gobierno. Éste intentó volver atrás la historia. Se abrogó por decreto la Constitución de 1949 y se convocó a una asamblea constituyente para “mejorar” la de 1949. Con esto se esperaba restablecer el “orden” preexistente a 1943. El fracaso fue completo.
Ninguno de estos “revolucionarios” que decían actuar conforme a la “línea Mayo-Caseros”, reparó en la raíz profunda del viejo mal: la apropiación por parte de los particulares de la renta del suelo y la formación del tesoro público con una exacción cada vez mayor de los frutos del trabajo y la inversión. Para colmo las secuelas institucionales derivadas de esta falla y lo creado durante la década precedente habían tornado más oscuros y complicados los problemas a resolver.
Los diagnósticos acerca de nuestros males sociales empezaron a ser cada vez mas coyunturales y superficiales. Estaban fuertemente influidos por varias razones. Sin embargo la primera y principal fue la ausencia, en los círculos políticos, académicos y sociales, del debido reconocimiento y justa valoración de la perniciosa raíz que entrañaban apropiación de la renta del suelo por los dueños de la tierra y la formación del fondo público mediante crecientes impuestos. Aceptado este mal genético, para hacer frente al aumento del gasto público se institucionalizaron las tres vías, que aun permanecen: incremento de los impuestos, endeudamiento público (interno y externo) e inflación monetaria.
El periodo se caracterizó por los críticos momentos a que fue sometida la Argentina entre 1955 y 1966. Una cadena forjada por eslabones alternativos de “golpes de Estado” (1955; 1962, 1966) y de frustrados retornos a la democracia (1958 y 1963). Una disolución institucional progresiva se acentuó, sin que nadie ocupara de revisar aquellas profundas causas a pesar de la aparición de la grave sangría de población manifiesta en una fuerte emigración al exterior. Agravada por incesantes migraciones internas, del creciente hacinamiento urbano, del decaimiento de la iniciativa privada, del aumento de la evasión impositiva, del falseamiento de los balances comerciales , para citar solo algunos gruesos fenómenos económicos y su relación con el debilitamiento de las instituciones políticas, jurídicas y culturales.
Cae la noche (1966-1983)
Los militares comenzaron a participar “institucionalmente” antes de 1966. Pero los “golpes de Estado” anteriores fueron una chirinada comparados al golpe auto denominado “Revolución Argentina” (1966). Después de los caóticos procesos ocurridos desde 1955 a 1963, las tres fuerzas armadas, buscaron actuar en conjunto y de modo “institucional”. Se expresaban como “reserva moral” de la República. Se apoderaron de todos los poderes del Estado y sus organismos. Coroneles y generales retirados pasaron a ser gerentes de “relaciones públicas” de empresas públicas y privadas. Otros de grado menor fueron interventores de los sindicatos de trabajadores. Los partidos políticos, asaz debilitados, fueron disueltos y la actividad política prohibida.
El golpe de 1966 puede, por sus discursos, ser considerado “fáustico”. Según sus actores el golpe fue dado para impulsar a la Argentina a la modernidad. Fue apoyado por muchos civiles y militares, políticos, sindicalistas y dirigentes de círculos empresarios. Cada uno de estos grupos calculaba un beneficio para sí. Para sorpresa de todos en 1969.estalló el “cordobazo”. El mayor sacudimiento social y de rebeldía civil conocida hasta entonces. A partir de este enorme hecho, fuerzas volcánicas trataron de organizarse. Lo hicieron sectariamente. Coincidían en un punto: en la necesidad de alcanzar el dominio del Estado.
El rumbo político de la sociedad se perdió en la maraña de ideologías, pasiones e intereses. La dictadura militar en decadencia a partir de una cadena de “cordobazos” tuvo que abandonar la idea de mantenerse sin plazo en el gobierno . Hizo lo último que hubiera calculado hacer: provocar el retorno al país, para aminorar los problemas que ella solo consiguió agravar, al ya septuagenario Juan D. Perón exiliado desde 1955. Dieciocho años después le restituyeron todos sus grados y lo habilitaron para un tercer mandato presidencial. La presencia de.Perón no bastó para asegurar un gobierno firme ni calmar los ánimos. Un espíritu de venganza comenzó a propagarse en la sociedad, lo que entorpeció el funcionamiento de la frágil democracia restablecida el 25 de Mayo de 1973. Durante su corta existencia ( 2 años y 8 meses) asumieron cuatro presidentes con distintos equipos para gobernar.
En 1976 otro golpe de Estado puso fin a la endeble democracia. Las fuerzas militares, en unión “institucional” , asumieron otra vez todo el poder del Estado. Pero éste ya no fue fáustico sino necrofílico. Matar al “enemigo” fue considerado el gran instrumento de sanación. Esta dictadura no arregló nada y arruinó todo; incluida su propia existencia y las fuerzas armadas que la sostuvieron. Colapsó con la derrota en la guerra internacional desatada en 1982. La noche política había logrado máxima oscuridad. Era hora de revalorizar la democracia.
Cuarta oportunidad: retorno a la democracia (1983-1989)
Un fervor democrático había renacido entre los más jóvenes. La sociedad toda, al fin, pareció optar por la democracia política. Las renacidas esperanzas llevaron a pedir de ella más de lo que ella puede dar. Contar las cabezas para elegir gobierno es una cosa. Usar la cabeza en el gobierno es cosa bien distinta. Los maltrechos partidos políticos volvieron. Portaban livianos programas de gobierno. Pero ninguno tenía en su cartera siquiera una idea sobre la necesidad de un facil acceso a la tierra, el escamoteo de la renta del suelo y.lo ruinoso del regimen de impuestos creados en 1932. Nadie recordaba el ideario social de Mayo. No era un buen presagio para sostener la ahora amada democracia.
. El presidente Raul Alfonsin fue electo por mayoría envidiable. Su experiencia política y honorables antecedentes le permitieron hacer campaña electoral de manera casi evangélica. Una y otra vez recitaba el Preámbulo de la Constitución de 1853. Su apotegma fue: “Con la democracia se vive, se educa, se come”. La idea por todos compartida era que la democracia todo lo podía. Un nuevo postulado fue reinvidicado tras los efectos de la dictadura precedente: otorgar plena vigencia a los “derechos humanos”. Sin embargo entre los “derechos humanos” reivindicados ni siquiera se pensó en el primero que desde el punto de vista material (individual y social) : el de consagrar un igual derecho económico de acceso al suelo para vivir y trabajar, para todos sin excepción y destinar la renta de la tierra como base del tesoro público.
Una “hiperinflación” del 5000% anual fue, al cabo de cinco años de retorno a la democracia fue la causa final por la que el presidente, gran demócrata, pero ajeno a las cuestiones económicas, tuvo que abandonar el cargo antes de vencer el término de su mandato. Una nueva oportunidad perdida y ninguna lección aprendida.
Quinta oportunidad: La peripecia neoliberal (1989-1999)
La democracia restablecida en 1983 fue cimentada por el voto entusiasta de la población. Millones de seres humanos recobraron el del derecho a votar para formar gobierno. Pero este derecho político – la ciudadanía política – no resultó suficiente para mejorar en un abrir y cerrar de ojos la situación de quienes padecían estado de pobreza crónica. Estas personas son los excluidos, parcial o totalmente y contra su voluntad, del orden económico. Conviene reconocer que por alguna razón son privados de otra clase de ciudadanía: la ciudadanía economica. Las personas capaces de trabajar , deseosas de ganarse el sustento con su trabajo y a pesar de su capacidad y voluntad no pueden hacerlo, ven fracturada su ciudadanía integral. Son millones los que en nuestro país no pueden ejercer sus derechos económicos para su subsistencia o no pueden ejercerlo en la plenitud que sus personales condiciones le permitirían. Visto desde este ángulo, tales personas, poseedores de ciudadanía política carecen de ciudadanía económica.
Esta fractura ocurre por algún obstáculo ajeno a su voluntad del afectado y emerge de las condiciones del orden social constituido. En la sociedad moderna tales obstáculos se aprecian en el orden económico; pero en gran medida ellos derivan del tipo de orden legal que conforma a aquél. Leyes que obstaculizan el derecho económico a trabajar y el ser propietario del fruto de su trabajo conculcan el derecho a la existencia. Provocan elevado grado de malestar social, fuertes conflictos e incluso llevan a la desintegración de la sociedad. Hasta los animales salvajes y las alimañas – decían los hermanos Gracco en la antigua Roma – han de disponer de ese derecho so pena de perecer. Tanto más importante lo es para el hombre actual cuyas necesidades, por el desarrollo científico y tecnológico, se multiplican en grado no sospechado en épocas anteriores.
En un país prácticamente despoblado como la Argentina, se cuentan por millones los que carecen de un lugar para vivir y trabajar como seres humanos. Individuos de todas las edades y condición, en especial jóvenes, llegados a la plenitud de la vida topan contra una pared socio-económica. Dada la calidad de nuestro territorio y los dones con que ha sido dotado, no es lícito pensar que ese obstáculo se debe a la Naturaleza. Son el orden económico y derecho positivo dictado para ordenarlo, los reales diques que se que se levantan ante ellos. En número varias veces millonario se alojan en departamentos extremadamente pequeños, muchos en antiguas casas que de pésima condición. Son los afortunados. Otro tanto sobrevive gracias a tener un ocasional sitio donde estar , aunque sea por la noche. Vivir en “villas miseria” es un modo acostumbrado de vivir en un país sin población. Muchos son “desterrados” de la patria chica. Todos “exiliados internos” en su propia .patria
Esta desgraciada y cada vez peor situación deriva, por un lado, del alto costo del suelo a la luz del ingreso de los trabajadores. Otra causa no menos importante y correlativa es la exacción que sufren los de menos ingresos, aquellos que solo cuentan con su trabajo para vivir. Cuando este estado de cosas se da in crescendo, y sin cesar desde hace casi un siglo, no obra de buena fe quien se sorprende por el hecho que en la Argentina haya perdido “la cultura del trabajo” y muchas personas prefieran sobrevivir con las dádivas del Estado. Cuando no lucrar desde el gobierno. ¿No fue acaso éste uno de los rasgos de la Roma decadente?
Este era el escenario existente al restablecerse la democracia en 1983. Al no corregirlo la raíz del desorden social y afrontar la cuestión del acceso al suelo, el destino del renta fundiaria y los impuestos, la tormenta social arreció. Hubieron varios temporales en serie, hasta que el huracán de 1989 acabó con la presidencia de Alfonsin, primer presidente de la añorada democracia.
Su sucesor Carlos S. Menem, electo por holgada mayoría de votos debía actuar en ese ambiente social. Su eslogan electoral fue harto simple y efectivo : “Síganme, no los voy a defraudar” El problema fue que a poco andar no era claro hacia adonde quería ir. En el plazo corrido desde fines de 1989 al primer tercio de 1991, el suyo fue un deambular errático. Pero pasados esos largos 18 meses ocurrió una sorpresa. El indiscutido peronista, émulo de Facundo Quiroga, resolvió dejar de lado su pasado para actuar como un convencido neoliberal. Reforma monetaria, limitación de la intervención del Estado, desregulación de leyes laborales, decidido desguace por transferencia a manos privadas de las empresas estatales, fueron, entre otras muchas medidas de la misma clase, el nuevo inesperado rumbo. Las medidas no solo significaron un alivio para el gasto del Estado. Al librarse en gran medida del “Estado empresario”, como nunca desde hacia décadas, empezó a desarrollarse una economía de mercado. La estabilidad del signo monetario, por su parte, dio a las empresas particulares el gran instrumento de cálculo para poder planificar su actividad. Encima, una mayor flexibilidad de las relaciones laborales, la generación de un atractivo campo para inversiones de capital extranjero y nacional, configuro el escenario típico de las economías orientadas por mercados. Cambió (en su dimensión dinámica, no en su base estructural) al orden económico, lo que provocó una indiscutible reactivación , prosperidad e inserción de la Argentina en el mundo cada vez más globalizado.
Lo dicho no debe ser visto como una defensa de esta etapa, sino como una invitación a observar cómo confiar la dirección del proceso económico general a los mercados, sin inflación, reactiva de inmediato na economía sofocada por la intervención estatal y una inflación crónica. Los posteriores abundantes resentimientos que generó aquel el cambio 1991 se fundan en varias razones. Entre otras la corrupción cometida en el proceso de privatización. También en la fuerte ola de desocupación laboral Pero es la ojeriza que en general se tiene entre nosotros contra el orden económico de mercado la causa principal. Esta injustificable pero explicable ojeriza es producto de las injusticias que emergen en una sociedad agobiada por impuestos y sin tierra barata, Ella impide descubrir las causas profundas por las que la “peripecia neoliberal” fracasó. Al faltar un adecuado esclarecimiento de este fracaso, la gente indentifica al ideal liberal de la Revolución de Mayo con el neoliberalismo nacido mucho después, a fin del siglo XIX. Y, consecuentemente, se reavivan la tendencias estatizantes, propias de la sociedad antigua, mantenidas entre nosotros por el sistema legal de apropiación privada de la renta del suelo y los impuestos.
¿Por qué falló la peripecia neoliberal? La razón principal del fracaso neoliberal se encuentra en la base de la concepción y teoría económica neoliberal. Para éstas no existe algo que justifique revisar la cuestión de la propiedad de la tierra ni la del destino de la renta del suelo. Tampoco objeta al regimen de impuestos que castigan al trabajo, la inversión y el consumo. La teoría neoliberal no se considera incompatible con el trinomio fundante y justificante de la Revolución de Mayo. Por ello respecto al gobierno de 1991 se puede parafrasear una vez más a Tocqueville. Los actores de la peripecia neoliberal en la Argentina pretendieron cambiar toda institución contraria a una economía orientada por los mercados; todo menos la madre de todos los monopolios y privilegios: la apropiación de la renta de la tierra por parte de los particulares. El neoliberalismo es contrario a los principios sociales de la Revolución de Mayo y de la Constitución de 1853. Considerando este punto, el gobierno de Menem igualó a todos los que le precedieron. Nada hizo para cambiar la triple raíz de nuestro padecimiento social.
Sexta oportunidad: la “alianza” formal (1999-2001)
El pueblo argentino, a semejanza del antiguo pueblo de Israel, parece condenado a deambular por el mundo de todas las experiencias económicas posibles, antes de arribar a la Tierra Prometida. La practicada en 1999 se basó en un pensamiento rústico. Éste sostiene que el derecho positivo es el instrumento más adecuado para arreglar cualquier desaguisado social. Este modo de pensar venía de mucho atrás. A nivel “institucional” tuvo su primera expresión en la reforma de 1957, art.14 bis. Se manifiesta con mayúscula intensidad con la reforma de 1994
La de 1994 fue el resultado de un “pacto de alcoba” celebrado entre el ex presidente Alfonsín y el presidente Menem. El gobierno y la oposición animados por propios intereses politicos acordaron convocar a una Asamblea constituyente para reformar la Constitución de 1853. Como si ésta hubiera sido la responsable de la mala actuación de los gobiernos. Cientos de legisladores acompañados de técnicos y asesores actuaron convencidos de aquel principio prometeico, según el cual la norma legal suficientemente apoyada por la opinión, puede moldear la realidad a gusto de todos. El “consenso” posee ese arte de birbirloque. A partir que el consenso todo lo puede, los constituyents se aplicaron a receptar las más variadas instituciones , no pocas siguiendo la moda intelectual dominante. De su nula eficacia para ordenar la economía argentina – base material de la vida social – da cuenta la total falta de éxito de las nuevas reglas constitucionales de carácter económico..
La filosofía de aquella Asamblea, según la cual consenso es igual a acierto, inspiró una alianza de partidos y dirigentes políticos para reemplazar al Presidente Menem en las elecciones de 1999. Obra de arquitectura política partidaria unió a los portadores de las más diversas ideas y sentimientos políticos.. La alianza tan cuidadosamente forjada, se estrelló contra realidad y se vino abajo con estrépito. Los caóticos acontecimientos del año 2000 y 2001 acabaron con esta experiencia. Excusado queda decir que para la entusiasta Alianza nunca hubo un solo pensamiento de Mayo digno de ser considerado como su programa social.
Séptima oportunidad: 2001 y después
El derrumbe de la Alianza abrió un grave interregno político. Tras la renuncia del presidente de la Rúa el Congreso Nacional se hizo cargo del problema. No fue de solución fácil. Sucesivamente fueron designados presidentes de la Nación los senadores Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saa y finalmente Eduardo Duhalde. Existía una caliente situación social, provocada entre otras cosas por la feroz crisis financiera del 2001. Para apreciar su gravedad, hay que recordar que la legión de pobres e indigentes se incrementó aceleradamente. El número de personas calificadas en “estado de pobreza” se elevó al 54% de la población.
El presidente provisorio tomó medidas económicas nada provisorias y convocó a elecciones para el año 2003. Entre las medidas económicas se destaca el Decreto 214/02 por el que se derogó la Ley de Convertibilidad, se pesificaron asimétricamente las deudas y créditos, se anularon los contratos celebrados con los servicios concesionados, se congelaron las tarifas públicas,
De las elecciones convocadas para el 2003 resultó electo Néstor Kirchner con un escaso 23% de los votos emitidos. Dada su estrecha base electoral y lo delicado de la situación social, el nuevo presidente se limitó, en economía, a mantener como ministro a Roberto Lavagna,. No hubo en su etapa inicial ninguna política económica atribuible al nuevo mandatario. Éste prefirió aplicarse a la reivindicación de ideales caros a la juventud de los 1970 y a reforzar sus relaciones con los grupos políticos integrados por afectados por la dictadura militar de 1976. Con su poder político afianzado, en 2005 el presidente Kichner se deshizo del Ministro Lavagna. Lo hizo para aplicarse personalmente a la conducción de la política económica. En esta tarea continuó ( de hecho) después que asumiera como presidenta en 2007 su esposa Cristina Fernández de Kichner.
Desde el 2005 se comenzó a destruir lo reordenado desde 1991 en adelante. Todo lo hecho en esa década fue vituperado y juzgado malo. Se re-estatizaron empresas aéreas como Aerolíneas Argentinas y Austral, de servicios de agua corriente (AYSA), etc. Se estatizaron los fondos de pensiones de las AFJP con el propósito (no expresado, pero real) de poner recursos de los jubilados en manos del Estado para enjugar el creciente déficit público. Se crearon empresas fantasmas como LAFSA. Se incrementó la presión tributaria con nuevos impuestos y derechos (impuesto a los créditos y débitos bancarios, retenciones a la exportación, impuesto a los teléfonos celulares, etc.). Para financiar subsidios se administraron recursos coparticipables en forma discriminatoria y con menoscabo de la autonomía de los gobiernos provinciales. Se otorgaron pensiones y jubilaciones a personas que nunca habían realizado aportes ni contribuciones; se financiaron gastos improductivos de todo tipo y en general se tomaron medidas que importaron una mayor intervención estatal en perjuicio de la actividad privada.
Es prematuro hacer aquí un juicio final sobre los efectos de esta conducción, Sin embargo corresponde hacer algunas observaciones. En primer lugar, es evidente que el gobierno que asumió en el 2003 participa de la vieja idea que los procesos económicos han de estar sometidos a la dirección del poder político central, usando con ese fin al derecho positivo como mero instrumento.
En segundo término el gobierno del 2003 no se muestra interesado en insertar a la Argentina en la economía globalizada, prefiriendo alianzas parciales o regionales con especial atención los rasgos ideológicos.
En tercero e importante lugar para este documento, el gobierno asumido en el 2003, a pesar de su permanente discurso a favor de los derechos humanos, no ha ofrececido señal alguna de reconocimiento y compromiso para con los ideales sociales de Mayo, tal como fueran definidos al comienzo de este documento.
5. EL BICENTENARIO: ¿OCTAVA OPORTUNIDAD?
El Código Civil en el Título IV De los derechos reales y el régimen impositivo creado a partir de 1932 se articulan cancelando el programa económico, político y social de la Constitución de 1853/60.
Ambos – Código civil y Régimen impositivo vigente – configuran un “código genético” que origina un orden social por completo ajeno al que inspiró la Revolución de Mayo y consagrara la Constitución de 1853. A partir de esta cancelación, las medidas políticas, sociales y económicas adoptadas por los sucesivos gobiernos para corregir las “monstruosidades” derivadas complican y deterioran al orden social. Esas medidas generan provisorias esperanzas en los más afectados y , al fracasar, incrementan el furor de las fuerzas volcánicas que bullen en la sociedad.
Las reformas constitucionales posteriores (1957 y 1994), han sido una manera de resignarse al orden existente, un cataplasma para los daños colaterales. Contienen “textos” nuevos. Hay mucha innovación pero ninguna destinada a corregir aquel código genético. Una muestra de la inutilidad de un “conocimiento a la moda” se ve en un solo hecho: en 64 años (1945-2009) han tratado de mejorar nuestro orden económico 54 Ministros de Economía. Esto es un síntoma.¡Y que síntoma !
No hay terapia posible mientras los estudiosos y los hombres públicos no se inspiren en los principios de orden social de la Revolución de Mayo. El principal fundamento del trinomio descripto al comienzo, se nombra en la primera estrofa del himno nacional argentino. Por si hubiera duros de oído, por las dudas, se la repite tres veces y en tono de grito, porque grito sagrado es, ¡libertad! No se alude a algo abstracto. Esta palabra apunta a algo muy concreto e indispensable en la sociedad moderna; la libertad de todos los individuos en todas las esferas de la vida.
Esta afirmación no significa negar la necesidad de mantener vivo al ideal de “igualdad”, más de moda en estos tiempos. Los valores ideales de la sociedad humana moderna, libertad, igualdad y fraternidad, que destellaron como un relámpago en la Revolución de Mayo, forman una sola e inseparable pieza.
Todos los experimentos sociales llevados a cabo en el Siglo XX (y fueron muchos) postergando la libertad individual en aras de la igualdad han terminado en un fracaso. A igual fracaso han estado condenados los intentos de limitarse sólo a la prédica de la fraternidad. La inseparabilidad de esas tres ideas rectoras no es casual. El ser humano posee una estructura trimembre. Es un ser integrado de cuerpo, alma y espíritu. Hemos de cuidar el cuerpo y embellecer el alma para que el nuestro espíritu alcance su máximo desarrollo.
Desde este punto de vista el incremento de la libertad individual para cada hombre es el más profundo sentido de la sociedad humana. Tras ese fin la sociedad como orden social manifiesto en triple dimensión, la económica, la política y la cultural , es condición absolutamente necesaria para desarrollo del hombre individual.
Resolver las tensiones que genera la trimembración humana es un reto difícil; pero no imposible de resolver. No se lo puede resolver si, primeramente, no nos hacemos cargo de él.
Nuestra Constitución Nacional originaria lo hizo sentando como derecho positivo fundamental los principios adecuados para responder a ese desafío. Los contemporáneos del Bicentenario, debemos estar atentos a las experiencias vividas en el último siglo y volver a detectar al trinomio social de nuestra Revolución – núcleo desatendido por completo – tal como se ha visto en esta ojeada retrospectiva. Hoy tenemos la ocasión y la responsabilidad de actuar para constituir un orden social inspirado en ese ideario.
6. ADVERTENCIA FINAL
El lector , si acordara en la existencia del problema, puede al acabar su lectura diciendo : Bien, ¿pero cual es la solución? Ésta no será difícil de hallar si media un consenso básico en la “existencia del problema”, El planteo correcto del problema suele ser la tres cuartas partes de la solución.
Buenos Aires, Diciembre 10 del 2009
Aniversario del retorno a la democracia
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