Desde el canje de 2005, y a pesar de que se fueron pagando intereses y los vencimientos de capital, como consecuencia del ajuste del CER, la toma de deuda nueva para pagar la que iba venciendo, la capitalización de intereses y el ajuste de tipo de cambio, la deuda pública subió en más de US$ 15.000 millones: pasó de 126.500 millones a 141.700 millones de dólares. Esa deuda no es mayor por la manipulación de la inflación; pero, como contrapartida a esa poda sobre sus acreencias, los acreedores le impusieron a la Argentina un costo financiero muy superior a la media de los mercados emergentes.

Por la estructura de vencimientos, una parte sustancial de esa deuda –US$ 62.000 millones— fue venciendo, y vence, entre 2008 y 2011, período que coincide con el mandato de Cristina Kirchner: por intereses, unos US$ 15.000 millones y por vencimientos de capital, US$ 46.500 millones.

En 2009, y a pesar del agujero fiscal por la caída de la recaudación, el Gobierno pudo cumplir con el pago de la deuda porque recibió los aportes que antes iban a las AFJP (unos $ 15.000 millones), incorporó en el Presupuesto $ 5.250 millones de intereses del Fondo de Garantía de la ANSeS y “el Banco Central financió al Tesoro por un total de $ 24.000 millones, si se computan los adelantos transitorios ($ 10.000 millones), las transferencias de utilidades ($ 4.500 millones) y el traspaso de los Derechos Especiales de Giro que el FMI remitió a los bancos centrales para fortalecer las reservas (US$ 2.500 millones)”, según el último informe del Banco Ciudad.

Además, se financió por $ 8.300 millones en el Banco Nación, canjeó vencimientos de Letras por bonos (Bonar 2016) y colocó Letras con la ANSeS, PAMI y Fondos Fiduciarios.

En 2010, entre intereses y vencimientos de capital, hay que pagar US$ 16.414 millones. Aunque el Congreso aprobó un Presupuesto equilibrado y repuntó la actividad económica, se piensa que habrá déficit fiscal y el Gobierno no puede repetir la estrategia del año pasado “dado que gran parte de los stocks fueron utilizados durante 2009”, como señala Ecolatina.

Ante esta situación, el Informe del Banco Ciudad señala que “el mercado venía operando bajo dos supuestos. El primero es que –sin un problema serio de solvencia– el problema de liquidez se solucionaría tan pronto como se ejecutara una reapertura exitosa del canje de la deuda. El segundo es que, si el primer supuesto no probaba ser cierto, las reservas aparecerían para pagar los platos rotos del desmanejo fiscal y financiero”.

Otra variante, era que “con menos recursos líquidos en la ANSES y el Banco Nación, el programa financiero cerraría utilizando la totalidad de las utilidades del BCRA devengadas en 2009. Se trata de unos $ 19.000 millones que se obtendrían forzando al máximo la interpretación de la Carta Orgánica del Banco Central. Con todo, todavía habría que buscar recursos en organismos públicos (US$ 2.000 millones) y el mercado voluntario (otros US$ 2.000 millones)”.

Enfrentado a este escenario, el Gobierno decidió usar las reservas con un argumento simple, la acumulación de reservas surgió como estrategia prudencial ante las sucesivas crisis financieras globales y locales y la ausencia de un prestamista global de última instancia, siendo uno de los pilares del modelo de crecimiento autónomo implementado desde 2003.

Es necesario darle un uso más eficiente a las reservas, dado que las mismas devengan una tasa menor al 0,6% anual y el stock cubre sobradamente las necesidades comerciales, los pasivos monetarios y por ende el equilibrio del mercado de cambios. Al momento de repago al FMI (US$ 9.000 millones), el nivel de reservas era de US$ 28.000 millones y el actual nivel supera los US$ 48.000 millones, mientras que el aporte al Fondo del Bicentenario sería de US$ 6.500 millones. La aplicación de reservas a un fondo de garantía implica sostener la inversión pública sin ajustes, con desendeudamiento y disminución del costo de financiamiento para el sector público y privado nacional, asegurando la solvencia y un efecto expansivo sobre la economía del país.

Ahora por que entonces se desata la crisis a la que estamos asistiendo. Porque el Gobierno ha sido incapaz de llevar este debate al Parlamento, exponiendo los sólidos argumentos que tiene esta medida y más aún, porque al descabezar la autoridad monetaria sin siquiera cumplir los modestos pasos formales que la Ley del BCRA establece, parece gozar en violar las normas. Nadie en su sano juicio puede entender la precipitación del Gobierno y su consecuente improvisación en esta cuestión, que incluso nos pone a tiro de embargos y complicaciones judiciales.
fuente: ieco