Mercado Argentino

Quién no ha dicho alguna vez, parado frente a ese objeto que tanto deseaba, “lo compro, total lo pago en cuotas”. Es bueno saber, sin embargo, que ese pensamiento puede llegar a transformarse en una trampa peligrosa. Es que financiarse con tarjeta de crédito sigue siendo muy caro en la Argentina. Aún cuando las tasas de interés que cobran los bancos y demás entidades para fondearse con plásticos se han reducido notablemente en el último año, el costo de este servicio todavía puede llegar al 85% anual, según los datos del sitio Zonabancos y del Régimen de Transparencia del Banco Central (BCRA).

Además, las tasas varían mucho dependiendo de la empresa que emite la tarjeta. En promedio, las entidades bancarias cobran menos que las no bancarias; aunque dentro del primer grupo la disparidad de costos es mayor.

“Las entidades no bancarias cobran tasas de interés por financiación de saldos superiores en un 23% a las cobradas por las emisoras bancarias”, indica un informe de Zonabancos, basado en relevamiento que abarcó un total de 245 productos, 226 tarjetas emitidas por bancos y compañías Financieras, y 19 emitidas por otras entidades. Según ese estudio, las entidades bancarias y financieras cobran en promedio una tasa del 33,42%; y las no bancarias, 41,21%.

No obstante, los expertos de Zonabancos advierten que en el mercado de tarjetas bancarias existe una gran brecha entre la empresa que más tasa cobra (La Capital del Plata: 85,17%) y la que menos cobra (American Express: 19,9%). Esa situación no se evidencia en las emisoras no bancarias: todas ellas cobran una tasa que ronda el 40% (Tarshop 42,83%, y Coto 37%).

Con estos valores, queda claro que los niveles de tasas siguen siendo muy elevados en el mercado de tarjetas, aún cuando los costos de financiación bajaron con fuerza desde mediados de 2009 hasta ahora.

“Las tasas de interés que cobran los bancos por dar crédito bajaron en diciembre, continuando con la tendencia descendente que venían mostrando desde mediados de 2009”, indicaron fuentes de un banco privado nacional.

Comparando los valores de marzo de 2009 con los actuales, puede verse que una entidad como el Banco Macro bajó la tasa nominal anual que cobra para financiarse con Visa desde el 37% al 29%. Asimismo, el Itaú redujo los intereses desde un 42% al 33,9%.

“Si se miran las tasas pasivas –que están muy tranquilas– y la caída en los niveles de mora –el incumplimiento de los clientes está bajando actualmente–, no hay duda de que las tasas de los créditos deberían bajar. Sin embargo, después de la crisis de 2001 los bancos se han vuelto más prudentes a la hora de prestar. Además, la perspectiva de inflación no da demasiado margen para recortar los intereses”, indicaron desde un banco privado.

Según la consultora Claves, actualmente el 60% de las compras se hacen con tarjetas de crédito y débito. En los shoppings, la proporción es del 70% y en artículos para el hogar del 80%, gracias a la financiación en cuotas.
fuente: cronista.com

Sobran reservas en el Banco Central? Parecería que sí, ya que es lo que se desprende del intento del Gobierno de meter mano en las reservas “de libre disponibilidad”.

Todo surgió con el DNU 2010, frenado ahora por la Justicia, según el cual sobrarían reservas por unos US$ 16.000 millones porque de los US$ 48.000 millones que informa el BCRA, a $ 3,80 por dólar, se necesitarían apenas 32.000 millones para respaldar la base monetaria.

Este cálculo abrió el primer alerta entre los especialistas porque si bien se constituía el Fondo Bicentenario con US$ 6.965 millones, ese DNU hubiera dejado abierta la puerta para que, a través de un decreto simple, el Gobierno pudiera alzarse con los otros US$ 9.000 millones. Además, en un contexto de tipo de cambio flexible, bastaría que el Gobierno devaluara el peso para automáticamente “crear” más reservas excedentes.

Pero, ¿la Argentina tiene esas divisas excedentes? De los US$ 48.000 millones, hay unos 7.300 millones que corresponden a los encajes en moneda extranjera que los bancos deben depositar en el BCRA como contrapartida de los depósitos que recibe. O sea, tienen como contrapartida una deuda con esos bancos.

“Los pasivos con Basilea (BIS) también deberían ser tenidos en cuenta. El BCRA concertó operaciones con el BIS durante 2008 y el primer trimestre de 2009 para moderar el impacto de la fuga de capitales en las reservas, y aunque canceló una parte entre abril y septiembre, esa deuda asciende a unos US$ 3.000 millones. Así, parte de los activos en dólares deben estar disponibles para evitar un descalce de monedas con este pasivo”, señala un informe de Ecolatina. Así, las reservas “excedentes” rondarían los US$ 5.500 millones

Pero dentro de las reservas, hay otros 2.500 millones que corresponden a los DEG (Derechos Especiales de Giro) girados por el FMI que el Tesoro colocó en el Banco Central, a cambio de recibir divisas para pagar deuda –una gran parte se usó para pagar el cupón PBI en diciembre. Para vender esos DEG a dólares, el BCRA debería pedir la autorización al FMI y, de obtenerlo, la Argentina perdería participación en ese organismo.

Así, las reservas líquidas “excedentes” serían de apenas US$ 3.000 millones, por debajo del Fondo del Bicentenario. Ecolatina agrega que “además, y como quedó demostrado en épocas pasadas, el BCRA no puede limitar las reservas sólo a cubrir la base monetaria ya que ante un escenario de corrida, por el efecto multiplicador que tienen los depósitos, peligraría la estabilidad cambiaria y financiera”.

Así, se incluyen las Notas y Letras (Nobac y Lebac) colocadas a manos de un año –una deuda del BCRA–, en lugar de reservas excedentes habría un faltante US$ 10.000 millones.

En situaciones normales, esa relación entre reservas y base monetaria más Lebac-Nobac puede tener desvíos. Pero en situaciones críticas, externas o internas, podría impulsar un fuerte aumento de la tasa de interés y/o incentivar una presión devaluatoria si la gente, las empresas y los bancos salen a comprar dólares.
fuente: ieco

Charla Debate a cargo del Ing. Guillermo Andreau.

Economista y político que desconoce las virtudes del Sistema Rentístico de la Constitución de 1853 es un peligro para la humanidad.

Sin Sistema Rentístico no hay democracia, ni federalismo, ni república, ni justicia, ni igualdad, ni paz social, ni progreso, ni seguridad jurídica, ni seguridad física, ni libertad.

Desde el canje de 2005, y a pesar de que se fueron pagando intereses y los vencimientos de capital, como consecuencia del ajuste del CER, la toma de deuda nueva para pagar la que iba venciendo, la capitalización de intereses y el ajuste de tipo de cambio, la deuda pública subió en más de US$ 15.000 millones: pasó de 126.500 millones a 141.700 millones de dólares. Esa deuda no es mayor por la manipulación de la inflación; pero, como contrapartida a esa poda sobre sus acreencias, los acreedores le impusieron a la Argentina un costo financiero muy superior a la media de los mercados emergentes.

Por la estructura de vencimientos, una parte sustancial de esa deuda –US$ 62.000 millones— fue venciendo, y vence, entre 2008 y 2011, período que coincide con el mandato de Cristina Kirchner: por intereses, unos US$ 15.000 millones y por vencimientos de capital, US$ 46.500 millones.

En 2009, y a pesar del agujero fiscal por la caída de la recaudación, el Gobierno pudo cumplir con el pago de la deuda porque recibió los aportes que antes iban a las AFJP (unos $ 15.000 millones), incorporó en el Presupuesto $ 5.250 millones de intereses del Fondo de Garantía de la ANSeS y “el Banco Central financió al Tesoro por un total de $ 24.000 millones, si se computan los adelantos transitorios ($ 10.000 millones), las transferencias de utilidades ($ 4.500 millones) y el traspaso de los Derechos Especiales de Giro que el FMI remitió a los bancos centrales para fortalecer las reservas (US$ 2.500 millones)”, según el último informe del Banco Ciudad.

Además, se financió por $ 8.300 millones en el Banco Nación, canjeó vencimientos de Letras por bonos (Bonar 2016) y colocó Letras con la ANSeS, PAMI y Fondos Fiduciarios.

En 2010, entre intereses y vencimientos de capital, hay que pagar US$ 16.414 millones. Aunque el Congreso aprobó un Presupuesto equilibrado y repuntó la actividad económica, se piensa que habrá déficit fiscal y el Gobierno no puede repetir la estrategia del año pasado “dado que gran parte de los stocks fueron utilizados durante 2009”, como señala Ecolatina.

Ante esta situación, el Informe del Banco Ciudad señala que “el mercado venía operando bajo dos supuestos. El primero es que –sin un problema serio de solvencia– el problema de liquidez se solucionaría tan pronto como se ejecutara una reapertura exitosa del canje de la deuda. El segundo es que, si el primer supuesto no probaba ser cierto, las reservas aparecerían para pagar los platos rotos del desmanejo fiscal y financiero”.

Otra variante, era que “con menos recursos líquidos en la ANSES y el Banco Nación, el programa financiero cerraría utilizando la totalidad de las utilidades del BCRA devengadas en 2009. Se trata de unos $ 19.000 millones que se obtendrían forzando al máximo la interpretación de la Carta Orgánica del Banco Central. Con todo, todavía habría que buscar recursos en organismos públicos (US$ 2.000 millones) y el mercado voluntario (otros US$ 2.000 millones)”.

Enfrentado a este escenario, el Gobierno decidió usar las reservas con un argumento simple, la acumulación de reservas surgió como estrategia prudencial ante las sucesivas crisis financieras globales y locales y la ausencia de un prestamista global de última instancia, siendo uno de los pilares del modelo de crecimiento autónomo implementado desde 2003.

Es necesario darle un uso más eficiente a las reservas, dado que las mismas devengan una tasa menor al 0,6% anual y el stock cubre sobradamente las necesidades comerciales, los pasivos monetarios y por ende el equilibrio del mercado de cambios. Al momento de repago al FMI (US$ 9.000 millones), el nivel de reservas era de US$ 28.000 millones y el actual nivel supera los US$ 48.000 millones, mientras que el aporte al Fondo del Bicentenario sería de US$ 6.500 millones. La aplicación de reservas a un fondo de garantía implica sostener la inversión pública sin ajustes, con desendeudamiento y disminución del costo de financiamiento para el sector público y privado nacional, asegurando la solvencia y un efecto expansivo sobre la economía del país.

Ahora por que entonces se desata la crisis a la que estamos asistiendo. Porque el Gobierno ha sido incapaz de llevar este debate al Parlamento, exponiendo los sólidos argumentos que tiene esta medida y más aún, porque al descabezar la autoridad monetaria sin siquiera cumplir los modestos pasos formales que la Ley del BCRA establece, parece gozar en violar las normas. Nadie en su sano juicio puede entender la precipitación del Gobierno y su consecuente improvisación en esta cuestión, que incluso nos pone a tiro de embargos y complicaciones judiciales.
fuente: ieco

Este gobierno asumió en una situación muy delicada de la economía. La designación del Ministro Roig produjo un efecto positivo, ya que se calmaron los mercados al ver que la política económica seguramente diferiría de la enunciada en la campaña electoral. Al día siguiente de asumir se enunció el llamado Plan Bunge y Born.

Las medidas intentaron nivelar el sistema de precios devastado por la inflación y consistieron en una elevada devaluación de la moneda, incrementos en las tarifas y combustibles y un aumento tope en las remuneraciones. Al fallecer lo sucede Rapanelli, que al no poder cumplir los objetivos propuestos y apremiado por una recesión que se acentuaba, renunció a los 5 meses.

Durante este ministerio se sancionaron dos leyes importantes: la Reforma del Estado y la Emergencia Económica, que dan normas sobre una reforma administrativa, sobre privatizaciones, a la participación del capital privado, entre otras. Cabe destacar que estas medidas, que configuraban un oportuno plan de gobierno, no pudieron llevarse a la práctica. Como balance puede destacarse una pronunciada disminución de la producción industrial, una importante reducción de la inflación que llega al 9% mensual y una pronunciada pérdida de divisas.

Con la llegada de Erman Gonzalez se anunció el Plan Bonex que consistió en cambiar los depósitos a plazo fijo por los mencionados títulos, que fueron valorizados según la cotización anterior a tal medida, pudiendo disponer los depositantes en cada vencimiento sólo de una pequeña suma en efectivo. Las empresas podían disponer en efectivo de las sumas destinadas al pago de sueldos, jornales, SAC y cargas sociales correspondientes al mes de diciembre de 1989. Se estableció que las entidades financieras no podían recibir depósitos a plazo fijo y que solo cuando la estabilidad estuviera asegurada se aceptarían por plazos no menores a 90 días (podían recibir depósitos y efectuar préstamos en dólares y bonex a tasas libres). Se convirtieron además en Bonex todos los títulos de la deuda interna del Estado.

El nuevo plan estableció el mercado libre de cambios, libertad de precio para los bienes sin incremento de las tarifas públicas, un aumento de las remuneraciones en una cantidad fija (US$15) y dejó sin efecto un aumento en la retención a las M que se habían impuesto durante la gestión de Rapanelli. El nuevo presidente del Banco Central anunció que no habría más emisión monetaria. El efecto inmediato de las disposiciones adoptadas supuso una fuerte suba de precios, esto estimuló una huida del dinero y se  desembocó en la hiperinflación.

Un nuevo paquete de medidas se aplicó a fines de febrero disponiendo la obligación por parte de las empresas líderes de informar acerca de los cambios de precios que efectuaran y rebajando los aranceles de importación de productos de la canasta familiar. Además se adoptaron decisiones para disminuir el déficit fiscal. Para aumentar los ingresos se acortaron los plazos de pago de los impuestos; se vendieron inmuebles del estado y se fijaron fechas para la privatización de empresas (Aerolíneas Argentinas, Entel y áreas secundarias de YPF). Respecto de los gastos fiscales, entre otras medidas, se eliminaron secretarías del estado y se suprimieron jubilaciones de privilegio.

 En el período  se logró una cuasi-estabilidad (índice de inflación promedio 8% mensual); una baja de la actividad económica como consecuencia de la restricción monetaria y en 1990 la balanza comercial obtuvo un superávit extraordinario: las X superaron en un 34% a las del año anterior, mientras que las M llegaron a la tercera parte de aquellas.

Erman Gonzalez fue reemplazado por Domingo F. Cavallo y con este empezó a regir a partir del 1 de abril de 1991 el llamado Plan Convertivilidad que contenía las siguientes disposiciones:
- Una de las primeras medidas fue la fijación de una franja dentro de la cual debía fluctuar la moneda. El techo de esa franja era de 10000 australes por dólar (nivel al cual el BCRA debía vender dólares) en tanto que el piso era de 8000 australes, caso en el cual el BCRA procedería a comprarlos.
- Se fijó una paridad cambiaria fija y para siempre de 10.000 australes por dólar.
- Se dispone que no se emitirá moneda si no se mantiene una relación de no menos del 100% entre la base monetaria y las reservas de libre disponibilidad del Banco Central.
- Se establece la libre convertibilidad con respecto a las monedas extranjeras.
- Se eliminan las indexaciones con lo cual se trata de evitar que se traslade hacia delante la inflación pasada.
- El precio de determinados servicios públicos experimentan aumentos (tarifas ferroviarias, teléfono y gas domiciliario). El precio de otros servicios, por el contrario se rebaja (gas para uso industrial y nafta)  se transfieren en el consumo importes que disminuyen el costo de fabricación.
- Se rebajan los encajes bancarios de los depósitos en australes y se aumentan los correspondientes a depósitos en moneda extranjera.
- Se autoriza al Banco Central a sacar ceros al austral y a cambiar la denominación del signo monetario lo cual, a partir del 1 de enero de 1992, dio lugar al “peso” y a igualar su paridad con el dólar.

En materia de Sector Público Cavallo expone la necesidad de llevar a cabo un plan para nivelar los gastos con los ingresos fiscales, para lo cual propone: reforma tributaria; lucha contra la evasión impositiva; disminución de empleados en la función pública; aceleración de las privatizaciones y  restricciones a las remesas de fondos a las provincias.

Se transfieren a las provincias los servicios educativos, sanitarios y sociales aumentándose su coparticipación impositiva (nuevo acuerdo de coparticipación entre gobierno nacional y provincias, en el cual se toma en cuenta la situación de las provincias de menores recursos).

Se efectuaron múltiples privatizaciones, por ejemplo: Entel, Segba, Aerolíneas Argentinas, Somisa, Gas del Estado y Obras Sanitarias.

En materia impositiva se aumentó a alícuota del IVA del 16% al 18%; se aumentó la tasa de impuesto a las ganancias aplicable a sociedades pasó del 20% al 30%; se crean el impuesto a los bienes personales no incorporados al proceso económico y se derogaron los gravámenes a los capitales y PN.

Se adoptaron una serie de medidas para mejorar el TC real a determinadas X: se otorgó un reintegro a las X de carne; se rebajaron las retenciones a las X de granos y semillas; se eliminó la tasa del 1,5% que gravaba a las X agropecuarias.

La disminución de los ingresos fiscales que originaron estas rebajas, se compensó con un aumento del 3 al 10% de la tasa estadística sobre la casi totalidad de las M y por modificaciones introducidas al régimen de promoción industrial.

Se crea el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) que financiará las operaciones de exportación y tendrá financiación del BID.

Entra en vigencia en Abril de 1993 el llamado Plan Brady. Mediante este acuerdo con los bancos acreedores del exterior se refinancian, en forma escalonada a 30 años, aproximadamente US$ 23.000M de capital adeudados más US$ 8.000M de intereses.

En el Sistema Financiero se disponen modificaciones en los encajes bancarios para las cuentas corrientes y cajas de ahorro, en tanto se eliminan los encajes para los depósitos a plazo fijo. Con posterioridad los encajes se modificaron con el objeto de favorecer los depósitos de más largo plazo; los bancos deberán depositar el total de sus encajes en el BCRA; se aprueba una nueva Carta Orgánica que reduce en gran medida las funciones del BCRA, las que se transfieren al Ministerio de Economía. El BC deja de ser asesor económico, monetario y cambiario del Estado, quedando solamente como asesor financiero. Se suprime la gerencia general como cargo permanente de la entidad, aunque su presidente puede designar a quien desempeñe esa función durante el tiempo de esa gestión.

A modo de balnce podemos concluir que el Plan de Convertibilidad:
- Permitió lograr la estabilidad y acelerar el ingreso de capitales al país de las economías industriales (que estaban en recesión). Estos dos factores estimularon el consumo debido a que existía capacidad productiva instalada, favoreciendo a Industrias (automotrices), comercios y servicios.
- Aumentó el Producto Bruto alrededor del 8% en el 91-92 y 6% en 1993.
- Se logró equilibrio entre los gastos e ingresos fiscales  debido a la reducción de la evasión impositiva y del aumento en la actividad interna.
- La estabilidad se obtuvo sobre la base del atraso del TC. La sobrevaluación de nuestra moneda se reflejó en un incremento de las M la balanza comercial se hace negativa.
- El atraso cambiario más la apertura de la economía originaron una alteración en la relación de precios de los distintos bienes.
- La falta de competitividad desalienta la inversión destinada a producir bienes transables la inversión apunta hacia los servicios.
- El aumento de la dolarización de la economía es un aspecto negativo del plan.
- Mala distribución del ingreso entre la población, que el impuesto inflacionario anterior al plan se había encargado de crear.
- En materia laboral como consecuencia de las reformas estructurales (privatización, racionalización de la Administración Pública) muchos trabajadores perdieron sus puestos y se convirtieron en desocupados crónicos. En 1991 el desempleo era del 6% y en el ´95 del 6,4%.